Riesgos fiscales en Ucrania: ¿una nueva herramienta de control o un juego político en las sombras?
En los últimos años, Ucrania ha intensificado los esfuerzos por modernizar su sistema fiscal e implementar herramientas tecnológicas de vanguardia para la vigilancia y gestión de los riesgos fiscales.
Aunque el objetivo oficial es aumentar la transparencia y reducir la economía sumergida, la realidad revela una marcada falta de apertura en la implementación de estas innovaciones.
Desde hace más de un año, se ha desarrollado un sistema experimental de gestión del cumplimiento, en el marco de la estrategia nacional de ingresos hasta 2030, pero los detalles y resultados se mantienen en gran medida confidenciales.
En ocasiones, parece que dicho sistema funciona solo como una fachada para eludir responsabilidades y ocultar intereses políticos y financieros, en lugar de convertirse en un instrumento efectivo contra la evasión fiscal.
La limitada transparencia informativa genera preocupaciones sobre la posible utilización indebida de estas herramientas por parte de las autoridades fiscales para ejercer presión sobre empresas y ciudadanos.
La comunicación por parte del gobierno ha sido escasa y fragmentada, debilando la confianza pública y generando incertidumbre sobre los avances reales.
Paralelamente, los acuerdos de colaboración interinstitucional —como entre la Administración fiscal, la monitorización financiera y la Oficina de Seguridad Económica— muestran una intención de coordinación en la lucha contra delitos financieros y evasión, aunque sus resultados efectivos aún están por determinar.
Los logros pasados en recuperación de daños y en procesos penales parecen ser proporcionales a la magnitud del sector sumergido en Ucrania, estimado en cientos de miles de millones de hryvnias anuales.
Esto suscita dudas: ¿es esta implementación solo un acto simbólico? A la luz de los escasos resultados y la falta de informes detallados, parece que la voluntad política y la capacidad institucional para crear mecanismos transparentes siguen siendo insuficientes.
La aparente contradicción entre un esfuerzo digitalizador y la opacidad actual plantea desconfianza respecto a la verdadera eficacia y las intenciones de las reformas.