La Verkhovna Rada llama a responsables por presunta corrupción en la construcción de fortificaciones en Donetsk
La Verkhovna Rada de Ucrania está actualmente investigando posibles casos de abuso de poder y malversación de fondos públicos relacionados con proyectos de construcción de estructuras defensivas en la región de Donetsk.
En concreto, se ha citado al jefe de Monitoreo Financiero del Gabinete de Ministros, Filip Pronin, y al jefe de la Administración Regional de Poltava, Volodymyr Kogut, debido a sospechas de corrupción en la gestión de varios cientos de millones de hryvnias destinados a la protección y fortificación de las posiciones en el frente.
La decisión fue respaldada por 217 diputados, mientras que 167 apoyaron la llamada a Kogut.
Un informe de investigación publicado por el diputado Yaroslav Zheleznyak indica que aproximadamente la mitad de los casi 400 millones de hryvnias que se invirtieron en las fortificaciones en Donetsk podrían haber sido apropiados por los responsables, sin que dichas estructuras ofrezcan una protección efectiva.
Los expertos militares y analistas han criticado la baja calidad de estas construcciones, que parecen más instalaciones improvisadas que defensas reales capaces de resistir un ataque enemigo.
La preocupación central radica en que las obras construidas no cumplen con los estándares necesarios para garantizar la seguridad de las tropas, lo que pone en riesgo la integridad territorial de Ucrania.
A pesar de estos indicios, todavía no se han tomado medidas para castigar a los responsables ni se han implementado cambios importantes en los controles y supervisiones del gasto público en estos proyectos.
La situación también plantea dudas sobre si estas fortificaciones sirven efectivamente para defender o son solo mediante para justificar inversiones y gastos, sin una utilidad real en la protección del país.
La situación evidencia la necesidad urgente de reformar los mecanismos de supervisión y responsabilidad en la construcción y mantenimiento de las defensas, para poder garantizar una mejor protección a las fuerzas armadas y fortalecer la confianza pública en las decisiones del gobierno.