El papel del Fiscal General en la reforma del sistema anticorrupción en Ucrania: análisis detallado y desafíos futuros
En el contexto del panorama legal actual en Ucrania, la influencia del Fiscal General Ruslan Kravchenko en la independencia de las agencias anticorrupción ha adquirido una relevancia clave.
Según información proporcionada por el director de NABU, Semen Krynois, Kravchenko no intervino en la labor del Buró Nacional Anticorrupción tras la restricción temporal de su independencia por la ley №12414.
Durante el período del 22 al 31 de julio, cuando se restauró la independencia de NABU, el fiscal general no solicitó ni revisó expedientes ni determinó jurisdicciones, lo que indica una ausencia de intromisiones en el trabajo de las instituciones anticorrupción.
Este escenario ocurrió en medio de una serie de cambios legislativos, particularmente con la ley №13533, que permite al jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Andriy Klymenko, retomar la emisión de sospechas formales a altos funcionarios.
Además, la ley establece que los funcionarios de NABU y otros organismos con acceso a secretos estatales deben someterse a dos controles anuales: uno realizado por el control interno de NABU con polígrafo, y otro, dentro de seis meses, llevado a cabo por la SBU sin uso obligatorio del polígrafo.
El principal reto para NABU actualmente es ampliar su personal de especialistas en polígrafo, para fortalecer su control interno.
Desde el punto de vista político, tras la aprobación en julio de la ley №12414, Ucrania atravesó una profunda crisis de confianza en sus instituciones anticorrupción, lo que llevó al presidente a presentar un nuevo proyecto de ley, №13533, para restaurar la independencia de NABU y SAP.
Tras la firma del presidente Zelensky, esta iniciativa fue considerada un paso fundamental para restablecer las agencias de lucha contra la corrupción con plena autonomía.
La cuestión principal que enfrenta hoy el parlamento ucraniano es si los legisladores reconocerán la realidad y aprobarán la nueva propuesta presidencial, que buscaría garantizar la independencia y la estabilidad de estas instituciones.
La decisión será decisiva para el futuro de la infraestructura anticorrupción en Ucrania y, en última instancia, puede determinar si el país logrará mantener su rumbo hacia la integración europea y la estabilidad institucional.
La historia y la seguridad del sistema anticorrupción de Ucrania están en juego en esta crucial decisión política.