El expresidente colombiano Álvaro Uribe condenado a 12 años de arresto domiciliario por delitos de corrupción
En un acontecimiento sin precedentes en la historia moderna de Colombia, se ha dictado una sentencia que marca un hito en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas en la política nacional.
El expresidente Álvaro Uribe, una figura central en la política colombiana de las últimas décadas, ha sido condenado oficialmente a pasar 12 años bajo arresto domiciliario por delitos relacionados con la corrupción y el soborno.
Esta decisión judicial ha conmocionado a los círculos políticos y ha generado un intenso debate sobre el estado de la independencia judicial en Colombia.
Diversas agencias de noticias, como Associated Press y NBC News, informan que el tribunal encontró a Uribe culpable de sobornar testigos y ejercer presión para alterar testimonios en el marco de investigaciones sobre sus vínculos con grupos armados ilegales.
Además, fue multado con más de 770,000 dólares y se le prohibió ocupar cargos públicos durante ocho años.
La lectura de la sentencia, realizada por la jueza Sandra Liliana Eraida, se llevó a cabo en una audiencia en la que Uribe y su equipo legal participaron desde la distancia.
Los abogados del exmandatario anunciaron que presentan recursos de apelación contra la sentencia.
La corte también rechazó una petición para que Uribe permaneciera en libertad durante la revisión, argumentando que existe un riesgo de fuga.
Como parte de la orden, Uribe deberá presentarse ante la policía en Rionegro, cerca de Medellín, donde reside, para comenzar a cumplir su arresto domiciliario de manera inmediata.
La investigación mostró que Uribe supuestamente conspiró con su abogado para inducir a tres exmiembros de grupos paramilitares, actualmente en prisión, a modificar sus testimonios, los cuales habían brindado ante el senador Iván Cepeda, quien inició investigaciones sobre posibles vínculos del expresidente con estos grupos armados.
La historia legal de Uribe incluye también una demanda en 2012 contra Cepeda por difamación, que fue desestimada, y en 2018 se abrieron procedimientos penales en su contra.
Durante su mandato presidencial entre 2002 y 2010, Uribe gozó de gran apoyo popular debido a su dura política contra los grupos insurgentes y a su promoción de inversiones extranjeras.
Sus seguidores lo consideran un héroe nacional, mientras que sus críticos le achacan violaciones a los derechos humanos y complicidad con estructuras paramilitares.
Estados Unidos, que apoyó activamente las campañas antiterroristas del exmandatario, calificó la sentencia como un uso politizado del sistema judicial colombiano.