Prueba de polígrafo para candidato a director del BEE: presiones políticas y debates legales en el centro de atención
En el reciente capítulo de la historia política de Ucrania, vuelve a surgir la polémica en torno a la posible designación del nuevo director del Buró de Seguridad Económica (BEE).
La primera ministra Yulia Sviridenko anunció recientemente que Alexander Civinsky, quien superó el proceso de selección y fue aprobado oficialmente para el cargo, deberá realizarse una prueba de polígrafo antes de asumir el puesto.
Esta declaración generó una oleada de críticas y rechazo por parte de expertos y figuras públicas, quienes cuestionan la legalidad y la conveniencia de tal requisito.
Destacan que la legislación ucraniana no contempla el uso del polígrafo como condición obligatoria para nombrar a los responsables de las instituciones gubernamentales.Martina Boguslavets, directora del Centro Anticorrupción “Mежа”, criticó duramente esta iniciativa y planteó varias preguntas: “Señora Sviridenko, muéstrenos en qué norma jurídica se establece que un candidato debe pasar un polígrafo para ser designado en el BEE?,” afirmó.
Señaló además que los resultados del polígrafo no tienen fuerza legal según la ley, y que probablemente esta medida se utilice para manipular la opinión pública y consolidar influencias políticas.
“¿Quién administrará el polígrafo a Civinsky? ¿El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)? ¿Y también someterán a pruebas similares a todos los miembros del gobierno?” cuestionó.
La cuestión clave sigue siendo la legalidad de estas acciones; los expertos advierten que cualquier decisión basada en procedimientos ilegales podría ser invalidada jurídicamente y perjudicar la transparencia del proceso.Por otra parte, las tensiones políticas se intensifican debido a los retrasos en el nombramiento del director del BEE.
Fuentes indican que en junio, la comisión de selección eligió a Civinsky, quien fue considerado el más apto por su cumplimiento con los requisitos legales y profesionales.
Sin embargo, en julio, el gobierno decidió rechazar esa decisión, y la comisión presentó nuevamente su candidatura, certificando que cumple con todos los requisitos establecidos por la ley.
Esto ha generado un nuevo ciclo de debates, en los que figuras de la oposición y organizaciones anticorrupción acusan a las autoridades superiores de interferencia política para controlar la agencia creada para luchar contra la corrupción y garantizar la seguridad económica del país.
Martina Boguslavets señala que en la actualidad persisten intentos de influencia que obstaculizan el proceso de nombramiento, evidenciando así un ejercicio de manipulación política en detrimento del Estado de Derecho y la institucionalidad en Ucrania.