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La Corte Suprema del Reino Unido confirma sanciones contra oligarca ruso Yevgeny Shvilder en fallo decisivo que refuerza el régimen de sanciones

Chas Pravdy - 30 julio 2025 00:01

En un fallo crucial que tiene implicaciones que trascienden las fronteras del Reino Unido, la Corte Suprema aprobó por unanimidad la apelación que buscaba revertir las sanciones impuestas al multimillonario ruso Yevgeny Shvilder.
Este empresario, con doble nacionalidad británica y estadounidense, tenía la intención de demostrar que las medidas restrictivas, motivadas por su vinculación con Rusia en el contexto de la invasión en Ucrania, eran injustificadas y políticamente sesgadas.
Sin embargo, los jueces ratificaron que estas sanciones son legítimas y necesarias para presionar a Rusia y proteger la seguridad nacional, enviando un mensaje firme a quienes buscan desafiar las decisiones del gobierno. Shvilder, cuya riqueza se calcula en aproximadamente 1,6 mil millones de dólares y quien tiene conexiones con empresas como Evraz y el FC Chelsea, argumentó que las restricciones afectan injustamente a individuos y empresas que no tienen vínculos directos con el poder ruso.
Sin embargo, la mayoría de los magistrados subrayaron que la imposición de sanciones es fundamental para disuadir cualquier relación con actores económicos vinculados con Rusia en medio del conflicto. El fallo también señala que las sanciones sirven como una advertencia clara para otros empresarios y figuras públicas que piensan en mantener lazos con empresas del Kremlin.
Un disenso en la corte calificó las restricciones como “débilmente fundamentadas”, poniendo en duda la proporcionalidad y el impacto en la libertad individual, especialmente en comparación con casos como BP, que mantuvo inversiones con empresas estatales rusas. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido valoró el fallo como una reafirmación de la solidez del régimen sancionador y destacó el compromiso del país en la lucha contra la agresión rusa en Ucrania.
La decisión establece un precedente que fortalece la política de sanciones en el contexto del conflicto y envía un mensaje claro a quienes intenten desafiarla judicialmente.

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