Senadores estadounidenses se oponen a las leyes anti-corrupción en Ucrania: implicaciones políticas y apoyo internacional a agencias independientes
En un giro inesperado, miembros del Senado de los Estados Unidos, incluyendo figuras prominentes como Lindsey Graham y Jeanne Shaheen, expresaron públicamente su desacuerdo con las recientes iniciativas legislativas en Ucrania que, en la práctica, han eliminado la independencia del Buró Nacional Anticorrupción (NABU) y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP).
Estos cambios legislativos han desatado una intensa polémica, ya que socavan los logros obtenidos por el gobierno ucraniano en la lucha contra la corrupción, avances arduamente conquistados tras años de reformas y esfuerzos.
Senators de todos los espectros políticos, incluyendo a los que tradicionalmente apoyan al Partido Republicano, lanzaron declaraciones criticando la ley, subrayando que esta desestabiliza los avances alcanzados y pone en riesgo la lucha anticorrupción en el país.
Lindsey Graham, conocido por su cercanía con el expresidente Trump y su participación en temas de sanciones, afirmó que la nueva ley es injusta y atenta contra los cimientos institucionales de Ucrania.
Al mismo tiempo, las declaraciones oficiales expresan preocupación por la posible utilización de esta situación por parte de Rusia para debilitar la defensa del país, dificultando que Ucrania pueda responder eficazmente a agresiones externas.
En la página del Comité de Relaciones Exteriores del Senado se publicó una declaración conjunta en la que se reconoce el largo historial de avances de Ucrania en la lucha contra la corrupción, logrados gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones nacionales y el apoyo internacional.
Los senadores resaltan que toda actuación legislativa que debilite la independencia de las agencias anticorrupción debe ser cuidadosamente evaluada y no contradecir los esfuerzos globales en esta materia.
Reafirman que el respaldo de EE.
UU.
a Ucrania permanece firme siempre que el país conserve y refuerce la independencia de sus instituciones anticorrupción, las cuales son fundamentales para luchar contra la corrupción, atraer inversión extranjera y mantener la estabilidad política.
Las autoridades ucranianas, incluyendo NABU y SAP, han manifestado su disposición a colaborar y a elaborar nuevas leyes para fortalecer su independencia y protegerse de influencias políticas.
En julio, la Verkhovna Rada aprobó un proyecto de ley que, en esencia, desmantela la autonomía de NABU y SAP, provocando protestas masivas en varias ciudades del país, incluida Kiev.
El presidente Zelensky prometió presentar un nuevo proyecto de ley que garantice la independencia de estas instituciones y aborde las inquietudes del público.
Sin embargo, algunos órganos de seguridad han criticado públicamente a estos organismos anticorrupción, generando dudas sobre la dirección política del país.
Los expertos señalan que el futuro de Ucrania en esta materia dependerá en gran medida de las decisiones internas y del apoyo internacional, que debe ser lo suficientemente fuerte como para evitar la pérdida de independencia de estas instituciones clave y promover un desarrollo democrático estable.