Protestas Masivas en Ucrania: Manifestaciones contra la Ley 12414 y la Pérdida de Independencia de NABU y SAP
En Ucrania, se están llevando a cabo protestas masivas en diferentes ciudades del país en respuesta a la aprobación de la Ley 12414, que reduce significativamente la autonomía y la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción Especializada (SAP).
Las manifestaciones no solo se realizan en Kiev, donde cada día concentran a un número creciente de participantes cerca del Teatro Iván Franko, sino que también en muchas otras localidades.
La ciudadanía se ha unido para expresar su rechazo a esa legislación, que fue aprobada el 22 de julio por la Verkhovna Rada y que modifica el código procesal penal, poniendo en riesgo la independencia de estas instituciones clave contra la corrupción.
Según los organizadores, ya son varios miles los manifestantes que se congregan en distintas regiones del país, protestando contra la interferencia en el sistema judicial.
En Kharkiv, los activistas se reunieron en el Jardín Shevchenko frente a la universidad; en Odesa, en frente del Jardín Municipal; en Chernivtsi, en la Plaza Central; en Lviv, frente al monumento a Taras Shevchenko; en Vinnytsia, en la Plaza de la Nube Celeste (Maidan Nебесної Сотні); en Mykolaiv, en la intersección de la Avenida Central y la calle Soborna; en Dnipro, cerca del Hotel Ucrania; en Poltava, en el Teatro Municipal; en Khmelnytskyi, frente al cine Shevchenko; en Chernihiv, en las instalaciones de la Oficina de Administración Regional; en Ivano-Frankivsk, ante la Gobernación Regional; en Zaporizhzhia, en el Bulevar Shevchenko; en Uzhhorod, frente al ayuntamiento; en Kryvyi Rih, en el mástil de la bandera; y en Ternopil, cerca de la administración regional.
Estos actos son una reacción a la legislación que desestabiliza la separación de poderes.
La votación final aprobó el proyecto con 263 votos, lo que genera preocupación sobre la autonomía futura de NABU y SAP.
Diversas organizaciones de derechos humanos advierten que la ley limita la capacidad de estas instituciones para llevar a cabo investigaciones de forma independiente, ya que el Fiscal General ahora tiene acceso completo a todos los materiales de los casos, facilitando posibles influjos políticos y abusos.