Proyecto de ley controvertido: los amplios poderes del Fiscal General amenazan la independencia de NABU y SAP
Hoy, la Verkhovna Rada planea someter a votación un proyecto de ley que ha generado serias inquietudes entre activistas cívicos y expertos en anticorrupción. La iniciativa, propuesta por un grupo de legisladores, pretende modificar el Código Procesal Penal de Ucrania y la Ley “Sobre la Fiscalía”, con la aparente finalidad de optimizar las investigaciones criminales relacionadas con personas desaparecidas durante el estado de guerra. Sin embargo, analistas del Centro de Lucha contra la Corrupción advierten que estos cambios ocultan una agenda diferente: la concentración del poder en manos del Fiscal General, lo que podría socavar la independencia de órganos clave en la lucha contra la corrupción, como NABU y SAP. Los expertos legales han revisado el borrador y han determinado que su principal objetivo es otorgar al Fiscal General amplios poderes sobre los procedimientos penales, incluyendo acceso completo a los materiales de cualquier investigación, control sobre la competencia en los casos de NABU y la capacidad de transferir o quitar casos en cualquier momento. Además, el proyecto propone que el Fiscal General tenga la autoridad para presentar sospechas contra altos funcionarios del estado, incluyendo al presidente, miembros del gobierno, parlamentarios, jueces y líderes de agencias estatales importantes. También se contempla que pueda decidir unilateralmente sobre el cierre de investigaciones relacionadas con estos jefes políticos. Críticos argumentan que estas disposiciones entregan al Fiscal General un monopolio sobre la investigación de casos de corrupción de alto nivel, poniendo en peligro la autonomía de NABU y SAP. Los fiscales de SAP quedarían subordinados al Fiscal General, perdiendo independencia en las persecuciones penales, lo que socava los principios de investigaciones independientes sobre casos de corrupción de elite. Además, se amplía la competencia de NABU, permitiendo transferir casos a otras agencias en caso de “ineficacia”, lo que puede ser utilizado para manipulación política. Particularmente alarmantes son las disposiciones que permiten al Fiscal General cerrar unilateralmente casos contra altos funcionarios, como el presidente o ministros, sin supervisión judicial, concentrando un control total sobre las investigaciones de los funcionarios de mayor rango en Ucrania. Los expertos advierten que estas capacidades amenazan los principios básicos de justicia independiente y abren la posibilidad de abusos políticos y justicia selectiva, poniendo en riesgo todos los esfuerzos anticorrupción en Ucrania.