Las fuerzas marítimas reducen su presencia en Los Ángeles tras meses de tensión
Después de meses de acciones intensas y en ocasiones polémicas relacionadas con la respuesta federal de Estados Unidos a las protestas y a la comunidad migrante en Los Ángeles, el Pentágono ha anunciado la retirada progresiva de las fuerzas militares en la ciudad.
Más de 700 marines, enviados el mes pasado en respuesta a una ola de manifestaciones en contra de las políticas más severas de inmigración y las redadas de ICE, ahora están siendo ordenados a regresar a sus bases.
Fuentes oficiales explican que esta decisión surge a medida que la situación se ha estabilizado y se ha logrado la confianza en que el orden público ha sido restablecido y la seguridad mantenida.
Sin embargo, el debate político sobre la magnitud de la presencia militar en Los Ángeles y sus implicaciones continúa siendo muy intenso.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha expresado abiertamente su oposición a mantener cualquier despliegue militar en la ciudad, acusando al gobierno federal de manipular la situación con fines políticos y exacerbar la tensión social.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, por su parte, apoyó la decisión de retirar las fuerzas militares, afirmando que su presencia ya no es necesaria y que la voz de los habitantes ha sido escuchada.
Destacó que los militares no cumplen ya funciones cruciales y que su partida demuestra la capacidad de la ciudad para afrontar sus desafíos por sí sola.
El Departamento de Defensa no ha especificado ninguna fecha concreta para la salida definitiva, pero fuentes indican que en los próximos días los marines serán retirados del área y volverán a la base de Tuentain-Palms.
Actualmente, en Los Ángeles permanecen unos 2000 efectivos que coordinarán las operaciones de redadas de ICE, mientras que otros 150 están autorizados a quedarse para colaborar en la lucha contra incendios forestales en otros departamentos del estado.
Sin embargo, el clima político continúa siendo complejo, y las tensiones entre diferentes niveles de gobierno dificultan aclarar si la presencia militar en el interior del país continuará en el futuro cercano.