Escuela Políticas de Ucrania Expulsa a Diputados por Votar Ley Controvertida
La Escuela Políticas de Ucrania (EPU) ha tomado una decisión decidida y de principios de excluir a seis de sus antiguos alumnos de su comunidad.
Esta medida fue una respuesta al reciente voto de los parlamentarios que apoyaron el polémico y escandaloso proyecto de ley nº 12414, que ha provocado una amplia repercusión pública y críticas severas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos civiles.
La ley, aprobada en un proceso acelerado y sin los debidos procesos de consulta, genera serias preocupaciones acerca de su impacto potencial en la independencia de órganos clave contra la corrupción, como NABU y SAP.
Los defensores de derechos advierten que la legislación reduce significativamente la autonomía de estas instituciones, retrocediendo en los avances que Ucrania había logrado en materia de justicia y lucha contra la corrupción, y que el país regresa a épocas en que los fiscales eran instrumentos políticos y la justicia era solo una formalidad.
La EPU subraya que sus graduados que actualmente trabajan en el parlamento deben adherirse a los valores democráticos y estándares fundamentales sobre los cuales fue fundada la organización.
La decisión de expulsarlos fue tomada ante la violación de estos principios, que desvirtúan los valores en los que se basa la institución.
Entre los expulsados se encuentran Oleksandr Danutsa (generación de 2008), Sergiy Yevtushok (generación de 2011), Dmytro Kisylevskyi (generación de 2017), Mariya Mezentseva (generación de 2018), Dmytro Natalukha (generación de 2018) y Tamila Tashayeva (generación de 2021).
"Valoramos su contribución pasada, pero no podemos hacer concesiones en nuestros valores esenciales," señala la declaración oficial de la EPU.
La Escuela reafirma su compromiso con la democracia, la rendición de cuentas y el desarrollo europeo de Ucrania.
Los expertos alertan que esta situación resalta la importancia de mantener la independencia de las agencias de justicia y lucha contra la corrupción, puesto que cualquier debilitamiento puede derivar en la concentración del poder en manos del fiscal general, lo que socava la integridad del sistema judicial y la confianza pública en las instituciones gubernamentales.