Amenaza a la independencia de Ucrania en lucha contra la corrupción a través de nueva legislación: ¿Perderán NABU y SAP su autonomía?
En Ucrania, se ha desatado un intenso debate respecto al proyecto de ley No. 12414, que podría introducir cambios profundos en la estructura de las instituciones anticorrupción del país. Según declaraciones oficiales de NABU y SAP, este documento pone en riesgo la independencia de dos órganos fundamentales en la lucha contra la corrupción: la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Los representantes de estas agencias advierten que, de aprobarse, la ley convertiría a sus líderes en figuras nominales, entregando el control real al Fiscal General, lo que podría disminuir la eficiencia en la lucha anticorrupción y generar dudas sobre la reputación internacional de Ucrania en esta materia. El proyecto prevé que el Fiscal General tenga acceso total a los casos de NABU, y pueda dar instrucciones obligatorias por escrito, reasignar casos y cerrar investigaciones con el consentimiento de la defensa. Además, puede resolver disputas sobre la jurisdicción, firmar sospechas contra altos funcionarios y, en general, limitar la autonomía de los investigadores. La propuesta centraliza el poder en el Fiscal General, lo que genera preocupación por la posible pérdida de independencia operativa. Desde 2015, la sistema anticorrupción de Ucrania se construyó en colaboración con socios internacionales, constituyéndose como un pilar en la lucha contra la corrupción y la protección de los intereses del Estado. Sin embargo, recientes intentos de reformar el sistema han recibido una fuerte resistencia de expertos y organizaciones civiles, que temen que esas reformas conviertan a las agencias en estructuras dependientes del poder político. Asimismo, en los últimos días, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo aproximadamente 80 registros en varias regiones del país, sin órdenes judiciales previas, lo que ha generado inquietudes sobre posibles violaciones legales y motivaciones políticas. Se imputan cargos como traición, comercio ilegal con Rusia y corrupción ligada a oligarcas, mientras que el Buró Estatal de Investigación evalúa un caso de accidente de tráfico ocurrido hace años y relacionado con empleados de NABU. También aumenta la vigilancia sobre la confidencialidad en SAP, lo que indica tensiones internas y presiones externas. Estos acontecimientos plantean serias dudas acerca del futuro de la independencia de las instituciones anticorrupción de Ucrania y su capacidad para defender los principios democráticos y el Estado de derecho en medio de un clima político cada vez más inestable.