Bélgica plantea preocupaciones sobre activos rusos en apoyo de Ucrania en medio de tensiones crecientes
De cara a la próxima cumbre de la Unión Europea prevista para el 23 de octubre en Bruselas, los políticos belgas han vuelto a destacar la problemática relacionada con el uso de activos rusos congelados para financiar la recuperación de Ucrania.
La propuesta central es proporcionar a Kiev un préstamo de 140 mil millones de euros, garantizado mediante activos almacenados en Euroclear en Bélgica, respaldados por fondos rusos congelados.El primer ministro belga, Bart De Wever, emitió críticas contundentes a este plan, expresando su preocupación por los riesgos potenciales si el acuerdo fracasara o si Rusia tomara medidas de represalia contra Bélgica, congelando otros activos.
De Wever enfatizó que Bélgica no puede arriesgar sus recursos financieros sin garantías claras por parte de la UE y sus socios, lo que ha intensificado las negociaciones.
Los líderes de la UE, en la próxima cumbre, buscarán establecer un mecanismo justo de reparto de riesgos y mayor solidaridad respecto al uso de los activos congelados rusos.En septiembre, De Wever llamó a otros países de la UE a compartir los riesgos, incluyendo posibles demandas judiciales.
Aunque en el borrador del comunicado del summit se menciona la importancia de la solidaridad europea y la distribución de riesgos, diplomáticos advirtieron que esto no es suficiente para Bélgica, que teme repercusiones en los mercados financieros y en la estabilidad del euro ante un uso más agresivo de estos fondos.A lo largo de los últimos tres años, varias naciones europeas han expresado reservas respecto al uso directo de los fondos congelados de Rusia, preocupadas por los riesgos para el sistema financiero.
Sin embargo, la persistente guerra en Ucrania y la disminución del apoyo estadounidense han motivado a algunos países, como Alemania, a reconsiderar su postura y contemplar pasos más activos respecto a estos activos.Además de la problemática de los activos, se espera que los líderes de la UE discutan objetivos climáticos para 2040, como reducir emisiones, y otras políticas polémicas, por ejemplo, la prohibición de motores de combustión interna a partir de 2035 y reformas en la estructura de precios del carbono.
Estas discusiones reflejan la complejidad de equilibrar intereses ecológicos y nacionales, dificultando la adopción de decisiones unánimes.