Reforma del sistema judicial en Ucrania: necesidad y desafíos de modernización
Ucrania está llevando a cabo una reforma integral de su sistema judicial con el objetivo de mejorar su eficiencia y alinearse con los estándares modernos de la Unión Europea.
Uno de los aspectos principales de esta reforma es la optimización de la red de tribunales, que históricamente ha sido extensa e ineficiente debido a fronteras administrativas desfasadas y un número excesivo de juzgados.
Tras concluir las reformas administrativas en 2020, que transformaron radicalmente la estructura territorial del país, todavía quedan pendientes cuestiones relacionadas con la distribución de recursos judiciales en consonancia con el nuevo mapa territorial.
Esto resulta especialmente relevante ante los efectos de la guerra y los daños en las regiones fronterizas, donde muchos tribunales han sido dañados o destruidos, y la carga de trabajo de los jueces se ha multiplicado.
En mayo de 2025, el gobierno aprobó una nueva hoja de ruta para promover el Estado de Derecho, que prevé una optimización progresiva de las instituciones judiciales, comenzando con proyectos piloto.
La idea principal consiste en reducir el número de tribunales a aproximadamente 150-220, mediante consolidaciones y centralizaciones, lo cual permitirá mejorar el personal y la eficiencia en la revisión de casos.
Es igualmente fundamental tener en cuenta factores económicos, logísticos y demográficos, para garantizar que los ciudadanos tengan acceso rápido a la justicia sin importar su ubicación.
Los escenarios internos contemplan la creación de divisiones judiciales remotas en comunidades alejadas, mientras que las opciones más radicales sugieren reducir casi a la mitad o en un tercio el número de juzgados, logrando así un considerable ahorro y acelerando los procesos judiciales.
La participación de jueces, sociedad y expertos a través de consultas públicas y monitoreo resulta crucial para evitar tensiones sociales y promover la transparencia.
Siguiendo experiencias internacionales, como Finlandia, Lituania o Suecia, Ucrania puede adoptar prácticas exitosas en digitalización, reformas en el personal y gestión del sistema judicial, lo cual será clave para un desarrollo sostenible y para fortalecer la confianza pública en la justicia, aspecto fundamental para afrontar los desafíos actuales y garantizar la seguridad jurídica de cada ciudadano.