La Corte Suprema de EE. UU. cuestiona la legalidad de los aranceles de Trump en el contexto de la política comercial
Las audiencias recientes en la Corte Suprema de Estados Unidos han traído una atención renovada a la legalidad de los aranceles implementados por la administración de Donald Trump.
A pesar de tener una mayoría conservadora, los jueces expresaron dudas sobre si el poder ejecutivo tenía la facultad de aplicar dichas medidas basándose en la ley de 1977 — la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Esta ley autoriza la imposición de aranceles en casos de amenazas ‘extraordinarias e inusuales’ al país, pero el significado exacto de la palabra ‘arancel’ en este contexto sigue siendo ambiguo, lo que genera cuestionamientos sobre la legitimidad de las acciones del presidente bajo este marco legal.
La administración justificó sus aranceles como herramientas para combatir adversidades económicas y desafíos en el comercio externo, asegurando su compatibilidad con las leyes.
La disputa legal ha cobrado especial relevancia en medio del escepticismo generalizado de la población respecto a los efectos de los aranceles en los precios y el crecimiento económico.
Datos de NBC News muestran que más del 60% de los estadounidenses considera que las políticas arancelarias de Trump no han cumplido con las expectativas, señalando que solo aumentan los precios en lugar de reducirlos.
La cuestión central es si el presidente tenía derecho a imponer unilateralmente aranceles bajo la ley de 1977, que está pensada para ser usada en situaciones de emergencia, y si dicha delegación de poderes amplios se ajusta a la Constitución de EE.
UU., que confiere al Congreso la autoridad sobre los aranceles.
Los jueces han cuestionado abiertamente la constitucionalidad de esta delegación, con algunos advirtiendo que tal concentración de poderes podría equivaler a que el Congreso renuncie a su responsabilidad de regular el comercio o incluso declarar la guerra.
El caso resulta comparable con decisiones anteriores donde la Corte Suprema limitó las acciones unilaterales del presidente Biden, como en el tema del perdón de deudas estudiantiles, aplicando la doctrina de las ‘grandes cuestiones’.
La resolución de este caso tendrá profundas implicaciones para futuras facultades ejecutivas en materia de comercio y política económica, afectando no solo los aranceles, sino también la seguridad nacional y las políticas exteriores.
Incluso si la corte respalda la postura de la administración, algunos aranceles podrían mantenerse en vigor, ya que fueron impuestos bajo diferentes bases legales.
La audiencia se acelera para una resolución rápida, posiblemente en las próximas semanas, con consecuencias sustanciales para la política comerciales de EE.
UU.
y el poder presidencial.