Nuevas restricciones a los medios en el Pentágono: ¿protección de secretos o ataque a la libertad de expresión?
En agosto de 2023, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció una serie de reformas radicales respecto al acceso de los periodistas a información y documentos relacionados con las actividades militares del país.
Esta decisión ha generado un amplio debate en la sociedad y entre los profesionales de los medios, ya que pone en duda los principios fundamentales de transparencia y apertura gubernamental.
Según las nuevas directrices, los representantes de los medios de comunicación deben firmar acuerdos especiales en los que se les prohíbe recopilar o divulgar información no aprobada oficialmente por la dirección del Departamento de Defensa para su publicación.
Violar estos términos podría acarrear la cancelación de sus credenciales, lo que limitaría seriamente la capacidad de cubrir las acciones militares.
Esta política, expresada en un memorando interno y difundida públicamente, ha recibido fuertes críticas por parte de organizaciones mediáticas y defensores de los derechos humanos, quienes la consideran un golpe directo a la libertad de prensa y a la independencia de los periodistas.
Sin embargo, desde el Departamento de Defensa aseguran que su principal objetivo es garantizar la seguridad y la protección de información confidencial, agregando que toda información que se vaya a hacer pública debe contar con la aprobación previa de las autoridades responsables.
Estas medidas, además, podrían restringir notablemente el movimiento de los periodistas dentro de las instalaciones militares.
Varias zonas del edificio del Ministerio permanecen cerradas para personal no autorizado, dificultando la labor informativa.
Estas restricciones generan preocupación sobre la posible censura y la ocultación de detalles importantes relativos a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
La Asociación de la Prensa del Pentágono ha manifestado que está al tanto de la nueva directiva y que la estudia detenidamente.
Seth Stern, director de defensa del Freedom of the Press Foundation, señaló que el gobierno no tiene autoridad legal para prohibir a los periodistas investigar o verificar información en el ejercicio de su labor, argumentando que dicha política constituye una censura previa, lo cual supone una grave violación de la Primera Enmienda constitucional en EE.UU.
La situación refleja un aumento en las tensiones entre el Estado y los medios, en un contexto donde la administración Trump ha instaurado múltiples restricciones y ha tomado acciones legales contra varios medios de comunicación, como The New York Times y The Wall Street Journal.
Recientes informaciones apuntan también a cómo el Pentágono, bajo el mando del secretario Pentry Hegseth, ha divulgado planes militares secretos en chats privados y ha invitado a figuras como Elon Musk a sesiones confidenciales sobre posibles enfrentamientos con China.
Asimismo, los ataques militares contra embarcaciones venezolanas, que causaron varias muertes, generaron controversia adicional.
La administración de Trump ha seguido endureciendo las políticas hacia la prensa, llegando incluso a expulsar medios de sus oficinas y limitar su acceso.
Hegseth, expresidente de Fox News, ha manifestado un carácter cada vez más confrontacional frente a los periodistas, acusándolos de intentar sabotear su agenda mediante filtraciones, y apenas ha realizado una sola sesión informativa pública tras el ataque a Irán en junio.
En su plataforma X, afirmó que “el control del Pentágono lo ejerce el pueblo, no la prensa”.
La nueva directiva exigirá a los periodistas firmar un compromiso por escrito, bajo el cual el uso de información no autorizada provocará la suspensión inmediata de su acceso a la institución militar.
La definición incluye tanto información clasificada como aquella que no lo está, pero que puede representar un riesgo si se divulga.
La Asociación de Prensa del Departamento de Defensa ha expresado que está revisando la normativa y que, según expertos en derechos civiles, estas restricciones podrían ser una forma de censura previa ilegal, afectando derechos fundamentales garantizar la libertad de prensa.