Senadores de EE.UU. buscan intensificar sanciones contra la flota clandestina rusa en medio de crisis energética
Estados Unidos está trabajando activamente en un nuevo paquete legislativo que tiene como objetivo reforzar significativamente las sanciones contra Rusia, con un enfoque particular en su flotilla secreta de petroleros que juega un papel crucial en eludir las restricciones occidentales.
Senadores de ambos partidos principales han presentado un proyecto de ley destinado a ampliar las sanciones sobre las exportaciones de energía rusa, especialmente dirigido al transporte marítimo utilizado para sortear las sanciones impuestas desde que Rusia invadió Ucrania a gran escala en 2022.
Esta estrategia está motivada por el hecho de que la flota clandestina de Rusia genera ingresos sustanciales, ayudando a Moscú a financiar su guerra en curso y a fortalecer su economía en tiempos difíciles.
La legislación propuesta, que será revelada este viernes por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el republicano Jim Risch, y la senadora demócrata Jeanne Shaheen, busca crear nuevas vías para luchar contra las actividades marítimas ilegales, incluyendo sanciones contra los propietarios de barcos y prohibiciones en la producción y suministro de equipos relacionados con el sector.
El proyecto de ley también se centra en atacar viejos barcos registrados de manera encubierta que son difíciles de identificar y sancionar directamente.
Hasta ahora, solo las medidas dirigidas directamente a los barcos han demostrado ser efectivas.
La ley también contempla sanciones contra los proyectos de GNL (gas natural licuado) rusos y otros sectores estratégicos en defensa y energía.
Esto refleja las tendencias más amplias, ya que Reino Unido y la UE ya han ampliado sus sanciones contra la flota clandestina rusa este año.
Mientras tanto, el expresidente Donald Trump, quien incrementó los aranceles sobre las importaciones de petróleo ruso desde la India, aún no ha implementado nuevas sanciones contra Moscú, lo que plantea interrogantes sobre la unidad de la política estadounidense hacia Rusia.
El proyecto de ley tiene apoyo bipartidista, incluyendo a influyentes legisladores como Lindsey Graham y Tom Cotton, quienes consideran que las sanciones adicionales son imprescindibles para cortar las fuentes de financiamiento de Rusia y debilitar su capacidad bélica.
Además, en el Congreso se ha planteado la posibilidad de declarar a Rusia un estado patrocinador del terrorismo, citando el secuestro de aproximadamente 19,000 niños ucranianos durante la guerra.
En los últimos meses, se han presentado otras iniciativas legislativas para fortalecer las sanciones, principalmente por parte de los senadores Graham y Blumenauer, aunque aún no se han sometido a votación debido a retrasos de la Casa Blanca.
Trump, pese a sus amenazas y plazos para que Putin acepte un alto el fuego en Ucrania, no ha dado pasos concretos en esa dirección.
Mientras tanto, Putin no muestra intención de detener la guerra, intensificando los ataques con drones y misiles, y violando ocasionalmente el espacio aéreo de la OTAN, lo que aumenta la tensión regional.
Recientemente, Trump llamó a la OTAN a reducir su dependencia del petróleo y el gas rusos como condición para nuevas sanciones de EE.UU., aunque esta idea parece poco probable debido a la dependencia de Turquía de las importaciones rusas y su reticencia a unirse a las sanciones occidentales.
La Unión Europea también enfrenta obstáculos, con Hungría y Eslovaquia bloqueando el avance en la eliminación de los recursos energéticos rusos.
Los expertos consideran que la estrategia de Trump parece estar diseñada para establecer condiciones inalcanzables, lo que dificultaría acciones directas contra Rusia.
Sin embargo, lo que resulta evidente es la creciente presión política en EE.UU.
y en el ámbito internacional para reducir la influencia de Rusia y poner fin a su agresión contra Ucrania.