Por qué las fuerzas de seguridad cercanas al presidente intensifican la presión sobre los gobiernos locales? Tres motivos posibles y su impacto
Desde que Ruslan Kravchenko asumió el cargo de nuevo Fiscal General, las agencias de seguridad ucranianas han comenzado a aumentar de manera sistémica su actividad contra los órganos de administración local.
Esta escalada genera numerosas interrogantes y sospechas sobre los motivos reales de tales acciones.
Un análisis de la situación revela al menos tres razones principales por las cuales estas instituciones trabajan en esta dirección.
La primera razón es el deseo de desviar la atención de la lucha interna en las altas esferas del poder, en particular entre los cuerpos de seguridad presidencial y las instituciones anticorrupción.
Estas confrontaciones no son nuevas en Ucrania, pero en la actualidad han alcanzado un nivel de tensión muy alto.
En los últimos días, ha habido registros en la SBU y en el Fiscalía Anticorrupción, involucrando a personajes destacados como Ihor Sukhorad y Pavlo Dudar, lo que demuestra un incremento en las tensiones en la cúspide del Estado.
Esto genera un ambiente de tensión y aumenta la preocupación en la sociedad, ya que la lucha entre diferentes ramas del poder y las fuerzas del orden se ha convertido en tema de interés público.
La segunda causa está relacionada con la intención del gobierno de reforzar recursos administrativos de cara a las próximas elecciones.
Esta estrategia, ya utilizada desde la independencia de Ucrania, busca aprovechar al máximo las ventajas del control administrativo para influir en los resultados electorales.
En el contexto actual de negociaciones estancadas, el acceso a estos recursos resulta aún más crucial para controlar y manipular la expresión democrática.
La tercera razón, destacada por expertos, tiene que ver con la intención de la nueva directiva de fiscales de “limpiar” las élites locales.
La idea es fortalecer a los nuevos funcionarios y reducir la influencia de las élites existentes en los gobiernos regionales y municipales.
Sin embargo, la efectividad de estas acciones parece limitada: en Kyiv, durante los últimos seis años, se han iniciado 1,404 procesos penales, pero solo dos han llegado a sentencia condenatoria.
Esto indica que muchas de estas campañas tienen más un carácter simbólico y político que una verdadera intención de reforma.
Los gobiernos locales, conscientes de las debilidades de las estructuras centrales, han aprendido a sortear las presiones mediante encuentros informales en saunas, en actividades de pesca o en restaurantes, evitando confrontaciones directas.
Prefieren emitir declaraciones colectivas y mantener en reserva los detalles de los procedimientos judiciales abiertos en su contra, solo por precaución.
Sin embargo, las denuncias de organizaciones nacionales muestran un aumento sustancial en la presión contra los dirigentes locales en regiones como Poltava, Chernivtsi, Odesa, Chernihiv y Ivano-Frankivsk, donde se reportan acusaciones infundadas o amenazas dirigidas a los funcionarios.
Estos hechos amenazan los cimientos de la democracia local y representan un desafío grave para la estabilidad política del país.