Rusia impone la instalación obligatoria del mensajero estatal MAX en todos los dispositivos móviles: el gobierno busca fortalecer el control y mejorar la seguridad digital
Desde principios de septiembre, el gobierno ruso ha puesto en marcha una política obligatoria que requiere que todos los propietarios de teléfonos inteligentes y tablets vendidos en el país hagan la preinstalación del mensajero estatal MAX en sus dispositivos.
Esta iniciativa, anunciada oficialmente por el Ministerio de Desarrollo Digital y Comunicaciones, está destinada a crear un ecosistema digital unificado bajo control estatal.
Los funcionarios argumentan que esta medida es necesaria para aumentar la seguridad de los usuarios, mejorar la protección de datos y prevenir delitos cibernéticos.
Sin embargo, muchos expertos y defensores de derechos humanos ven en ella no solo un avance técnico, sino también un instrumento para ampliar la vigilancia del Estado y restringir la privacidad de los ciudadanos, limitando su libertad de elección.
Actualmente, la aplicación MAX, desarrollada por la empresa rusa VK, ya ha sido descargada por aproximadamente 18 millones de usuarios, aunque todavía se encuentra en fase de prueba y no cuenta con todas las funciones completadas.
A pesar de las declaraciones del Ministerio del Interior ruso acerca de que ofrece mayor seguridad que sus homólogos extranjeros, las autoridades han reportado el primer caso de fraude asociado con el nuevo mensajero.
Además, el gobierno ha decidido obligar a la integración de otras plataformas rusas en los dispositivos.
Desde septiembre, los dispositivos Apple incluirán automáticamente la tienda de aplicaciones rusa RuStore, que hasta ahora solo estaba disponible en Android.
Además, todos los televisores inteligentes vendidos en Rusia tendrán instalada automáticamente la aplicación LIME HD TV, para ver canales federales.
Estas acciones de promoción de plataformas nacionales coinciden con medidas para restringir servicios occidentales.
En agosto, las autoridades bloquearon parcialmente las llamadas de audio y video en WhatsApp y Telegram, acusando a dichas empresas de negarse a proporcionar datos para investigaciones sobre fraudes y terrorismo.
Las estadísticas oficiales del Banco Central muestran que el principal canal de fraude sigue siendo las llamadas telefónicas, con más del 45%, mientras que el uso de mensajeros se encuentra en torno al 15%.
WhatsApp, que en julio tenía más de 97 millones de usuarios en Rusia, acusó al Kremlin de intentar privar a las personas del acceso a comunicaciones seguras.
La compañía sostuvo que su aplicación está protegida por cifrado de extremo a extremo por defecto, razón por la cual intenta bloquearla el gobierno.
Telegram, que cuenta con más de 90 millones de usuarios, afirmó que ha tomado medidas para prevenir abusos, pero también ha enfrentado restricciones.
Estos cambios reflejan una tendencia de Moscú a fortalecer su control sobre el espacio digital y limitar el acceso a servicios alternativos, en línea con tendencias autoritarias.