Socios europeos instan a reiniciar las agencias de justicia en Ucrania para cumplir con los estándares de la UE
Tras una revisión exhaustiva del trabajo de las agencias anticorrupción y de justicia en Ucrania, en particular NABU y SAP, las instituciones europeas llegaron a la conclusión de que es necesario reiniciar las actividades de estructuras clave como la Oficina de Seguridad Económica (BEB) y la Oficina Estatal de Investigación (DBR).
Sus hallazgos subrayan que la autonomía e independencia de NABU y SAP les han permitido mostrar resultados significativos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Sin embargo, otras agencias de ley y orden permanecen rezagadas en los esfuerzos de reforma y modernización.
La Unión Europea hace hincapié en que la efectividad en la lucha contra delitos graves y la capacidad de usar herramientas europeas de análisis y predicción deben ser los principales criterios para evaluar el progreso.
“Los criterios clave para la futura adhesión de Ucrania a la UE relacionados con el estado de derecho están en los capítulos 23 (‘Estado de Derecho’) y 24 (‘Justicia, libertad y seguridad’).
Estas normativas son amplias y no definen indicadores claros de éxito, lo que dificulta el seguimiento del avance”, explica el experto Yevhen Krapivin.
Señala que muchos factores complican la medición objetiva del estado del estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la seguridad, obligando a los gobiernos a maniobrar, prometiendo reformas mientras en algunos casos toman medidas contrarias.
Además, las instituciones europeas enfatizan que no basta con tener formalmente las agencias, sino que deben ser efectivas, capaces de luchar contra delitos graves y estar integradas en herramientas analíticas y estratégicas europeas, además de ser independientes del influjo político.
También resaltan la importancia de controles periódicos y auditorías externas que aseguren transparencia, y en caso de incumplimiento, permitir la remoción de los responsables.
Ucrania avanza hacia la autosuficiencia, intentando reducir su dependencia de la ayuda internacional en procesos de selección y gestión, aunque esto genera preocupaciones sobre la verdadera capacidad de las instituciones para mantenerse independientes y eficaces.
Un ejemplo de los desafíos es la controversia en el proceso de selección del director del BEB, donde la intervención de expertos internacionales facilitó transparencia, pero finalmente el gobierno violó la ley al no nombrar al ganador, Oleksandr Tsvynskyi, poniendo en duda la autonomía real de las reformas en curso.