Exdirector de la Comisión Central Médico-Social y sus asociados sospechosos de fraude masivo en la certificación de discapacidad
El exdirector de la Comisión Central Médico-Social (MSek) y sus cómplices son sospechosos de orquestar un esquema a gran escala para obtener certificados de discapacidad de manera ilegal, causando importantes daños financieros al estado.
Según informes de la Oficina del Fiscal General, los investigadores, en colaboración con las fuerzas de la policía nacional, formularon cargos contra siete miembros de un grupo criminal que operó durante varios años.
Este grupo se dedicó sistemáticamente a emitir documentos falsificados y certificados, permitiendo a ciudadanos obtener beneficios sociales y pagos fraudulentamente.
El principal sospechoso, un exjefe de la comisión, colaboró con una abogada y médica en activo, además de otros tres miembros de la comisión y un médico de familia de un centro médico local, para crear un esquema de referencia falsificada a las comisiones médicas.
Los hallazgos de la investigación revelan que el grupo fabricó referencias falsas, las firmó y las selló con sellos de la MSek, y posteriormente emitió falsos certificados de discapacidad.
Estas acciones permitieron a las personas acceder a privilegios sociales, mientras que el estado sufrió pérdidas por más de 2,8 millones de hryvnias, pagadas en pensiones y beneficios ilegales.
Se ha establecido que, entre 2024 y 2025, al menos 14 ciudadanos fueron certificados como discapacitados de manera fraudulenta, provocando un gasto considerable en el presupuesto estatal.
Se están preparando cargos para todos los sospechosos bajo varios artículos del Código Penal de Ucrania, incluyendo abuso de autoridad y falsificación.
Ya se han iniciado procedimientos para imponer medidas cautelares a todos los acusados, mientras la investigación continúa verificando la participación de otras personas vinculadas a estas actividades ilícitas.
Es importante destacar que, desde enero de 2025, Ucrania ha implementado un nuevo sistema para determinar la discapacidad, denominado ‘Comisiones de Evaluación del Funcionamiento Diario’, con el objetivo de aumentar la transparencia y justicia en los procesos de reconocimiento de la discapacidad.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la supervisión y las medidas anticorrupción en los sistemas de salud y protección social.