Perpetuidad ilegítima del jefe de la Secretaría de la CS: ¿incumplimiento legal o maniobra política?
En la Ucrania contemporánea, la integridad legal del sistema judicial vuelve a estar en entredicho debido a una situación controvertida que rodea a Viktor Beskhatny, jefe de la Secretaría del Tribunal Constitucional (TC).
Según la legislación vigente, su mandato de cinco años en este cargo habría concluido ya en enero de 2025.
Sin embargo, fuentes no oficiales y peticiones de diputados indican que continúa desempeñando funciones sin una nueva designación oficial, lo cual genera serias dudas jurídicas y pone en entredicho la legitimidad de toda la actividad del tribunal.
Los recursos dirigidos por la diputada Yulia Yatsyk y defensores legalistas resaltan que, conforme a la ley, la designación para cargos de categoría ‘A’ debe hacerse por un período de cinco años con posibilidad de reelección.
En 2024, cuando finalizó su mandato, el tribunal dictó una resolución para extender su servicio por un año adicional, pero esta decisión fue cuestionada porque no contó con las firmas de todos los jueces presentes en la sesión, lo que afecta su validez.
Como resultado, su permanencia en el cargo carece de legitimidad jurídica, y las decisiones relevantes que tomó durante ese período quedan en duda.
La ley establece claramente que las extensiones solo pueden ocurrir dentro del plazo vigente y no reemplazan una reelección formal, por lo que desde el 16 de enero de 2025 su mandato debió haber terminado.
Sin embargo, su permanencia se ha prolongado en contra de la ley, ocasionando efectos negativos en el funcionamiento del tribunal y en el estado de derecho.
La diputada Yatsyk solicita al Tribunal Constitucional y a la Agencia Nacional de Servicio Civil que investiguen estos hechos y tomen las medidas pertinentes.
De este caso también surge una preocupante dependencia política que pone en riesgo la independencia y legitimidad del tribunal, considerando antecedentes de irregularidades en la participación de Beskhatny en movimientos separatistas en el este del país y su implicación en otras situaciones polémicas.
La situación revela la necesidad de una supervisión estricta y transparente en los nombramientos judiciales de alto nivel para garantizar el respeto a la ley y la protección de los derechos ciudadanos.