Proyecto de ley N° 13423: ¿abre el camino hacia la legalización de la corrupción en el sector de defensa de Ucrania?
Tras su registro en la Verkhovna Rada, el nuevo proyecto de ley N° 13423 generó una amplia preocupación en la sociedad y en el ámbito de expertos. Apoyado por la mayoría de los parlamentarios —específicamente 123 de los 126 miembros de la bancada del 'Servidora del Pueblo'—, el documento plantea serias inquietudes debido a su potencial para aumentar los riesgos de corrupción en la industria de defensa. Oficialmente, la iniciativa propone modificaciones significativas en los Códigos Penal y Procesal Penal, con el supuesto objetivo de apoyar a las empresas del complejo de defensa, aunque en realidad abre las puertas a la amnistía por delitos cometidos durante la ejecución de contratos militares. Los análisis de expertos del Centro de Lucha contra la Corrupción (CCC) señalan que las normas propuestas eliminan la responsabilidad penal de funcionarios y proveedores involucrados en violaciones durante la entrega de armas y equipo militar, siempre que sus acciones tengan como fin un 'propósito beneficioso para la sociedad' o sirvan para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania. Además, el proyecto especifica que no se responsabilizará a quienes hayan cometido delitos antes de que dichas empresas se incluyeran en una lista secreta de compañías de defensa, que controla el Ministerio de Defensa. Un aspecto destacado es la creación de una 'protección inmunitaria' para las empresas del sector de defensa. Las entidades jurídicas en la lista del Ministerio de Defensa estarán inmunizadas frente a acciones penales durante toda su permanencia en ella, sin importar cuándo ocurrieron las violaciones. Esto implica que incluso delitos anteriores podrían quedar sin castigo, siempre que se vinculen con contratos de defensa. Igualmente, se concede al Procurador General la exclusiva facultad de ingresar datos relacionados con ilícitos en el Registro Unificado de Investigaciones Preliminares (RUIP), y todas las decisiones referentes a detenciones, registros o arrestos deberán ser aprobadas por él. Otra preocupación importante radica en la concentración excesiva de poder en el Procurador General, lo que podría favorecer abusos de autoridad y la politización de las investigaciones relacionadas con las adquisiciones de defensa. El CCC advierte que este control centralizado puede facilitar la formación de esquemas corruptos que escapan del control público. Asimismo, el proyecto propone una 'amnistía retroactiva' para los proveedores implicados en delitos anteriores a su inclusión en la lista oficial de proveedores de defensa, siempre que su conducta haya ocurrido durante el estado de guerra. Esto favorece un entorno perfecto para la corrupción, minimizando los riesgos de castigo incluso en casos de claros abusos. Los críticos sostienen que esta legislación legaliza efectivamente actividades ilícitas relacionadas con las compras militares, al permitir esquemas en los que se compra inmunidad y se inflan costos sin un control adecuado. El CCC subraya que la concentración de poder en manos del Procurador General puede convertirse en una herramienta de influencia política para proteger las redes de corrupción. Expertos advierten que el proyecto pone en riesgo la transparencia en las compras militares y también la seguridad nacional, al facilitar esquemas de corrupción con impunidad y un control administrativo sin restricciones. Los activistas de la sociedad civil instan a que el Parlamento no apruebe este documento, por su potencial de fomentar la corrupción y erosionar la confianza en las instituciones estatales y el sistema de defensa nacional.