Una Nueva Era en la Justicia Internacional: La Creación de un Tribunal Especial para la Agresión de Rusia en Ucrania
Tras más de once años desde el primer ataque armado y más de tres años desde la invasión a gran escala por parte de Rusia en Ucrania, la comunidad internacional ha dado un paso histórico para hacer justicia por la agresión. Líderes, parlamentos e instituciones internacionales han celebrado la firma de un acuerdo con el Consejo de Europa para establecer un Tribunal Especial Internacional encargado de juzgar el crimen de agresión contra Ucrania. Esta decisión pionera cuenta con el respaldo político de más de 35 países y de la Unión Europea, que unen sus esfuerzos en defensa de la justicia y el derecho internacional. La creación de este tribunal representa mucho más que un avance legal: simboliza una nueva etapa en la lucha contra la impunidad por delitos de guerra. Significa un cambio de paradigma—reconociendo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que la agresión es un delito penal en el marco del derecho penal internacional. Este tribunal marca un paso importante en la búsqueda de justicia para los responsables de decisiones que dieron inicio a un conflicto, violando la Carta de las Naciones Unidas y las normas internacionales. Durante años, el delito de agresión permaneció fuera del alcance de las cortes internacionales, pero hoy, por primera vez en décadas, se está abordando como un delito criminal formal. La Asamblea General de la ONU, en su resolución ES-11/7 adoptada el 24 de febrero de 2025, reconoció explícitamente la agresión de Rusia, subrayando la necesidad de otorgar un marco jurídico para evaluar dichas acciones. La creación del tribunal ha ganado impulso debido a las limitaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI), que aunque importante, no tiene jurisdicción sobre el delito de agresión a menos que los Estados hayan ratificado el Estatuto de Roma, situación que Rusia no cumple. La definición del delito de agresión ha generado disputas entre los países, y las enmiendas adoptadas en Kampala en 2010 solo son funcionales cuando los Estados lo acuerdan, lo que en el caso de Rusia no sucede. Esta brecha jurisdiccional requería ser llenada, y fue en 2022 cuando se empezó a hablar en serio sobre la creación de un tribunal especializado. Figuras influyentes en el ámbito legal, como el ex fiscal del Juicio de Nuremberg Benjamin Ferencz y ex primeros ministros como Gordon Brown y John Major, apoyaron con entusiasmo la iniciativa, señalando el precedente histórico de los juicios de Nuremberg, que sentaron las bases para juzgar los crímenes de guerra y contra la paz. La idea de tipificar la agresión como un delito distinto en el derecho internacional marcó un avance. Este nuevo tribunal se diferencia de otros —como la Corte Penal Internacional o los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda— en que su estructura será híbrida: combinará elementos internacionales y nacionales, e incluirá tribunales de jueces, fiscalía y un registro propios. La selección de jueces y fiscales será realizada por los países participantes, mediante un proceso evaluado por una comisión independiente. La misión principal será juzgar a quienes autorizaron o llevaron a cabo acciones militares ilegales, incluidos altos cargos políticos y militares como el presidente, primer ministro y canciller ruso, quienes han tomado decisiones que desembocaron en la guerra. Aunque las investigaciones podrán incluir a estos responsables, los procesos podrán ser suspendidos si permanecen en sus cargos, lo que representa una vulnerabilidad. El debate sobre la inmunidad de los altos funcionarios sigue abierto, con precedentes como el fallo de la Corte de Justicia de la ICC en el caso de la República Democrática del Congo contra Bélgica, que reconoce que ministros en funciones disfrutan de inmunidad mientras ejercen sus cargos, aunque pueden ser juzgados tras su mandato en tribunales internacionales especializados. El tribunal podrá también emitir juicios en ausencia del acusado, permitiendo juzgar a quienes se nieguen a comparecer, siempre que se hayan agotado todos los medios para su citar y notificar. En casos como el derribo del vuelo MH17, se ha aplicado esta modalidad, garantizando el proceso incluso sin presencia física del acusado. Para Ucrania, es fundamental que este tribunal también aborde los hechos de 2014, como la anexión de Crimea y la ocupación del Donbás, con fechas clave como el 20 de febrero de 2014 como inicio de la ocupación, y que la comunidad internacional reconozca estos hitos. La flexibilidad del marco legal y la interpretación del mandato dependerá de la voluntad política, pero una decisión firme reforzaría la legitimidad y el reconocimiento del origen del conflicto. Lo innovador de este Tribunal es que no fue creado por el Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueado por Rusia, sino en colaboración con el Consejo de Europa y otras naciones, lo que potencialmente le confiere mayor legitimidad a nivel mundial. Sin embargo, existen desafíos: algunos países podrían desconfiar de su autoridad, por lo que la unión de los Estados que creen en el Estado de Derecho será fundamental. ¿No habría sido mejor crear un tribunal en la Asamblea General de la ONU? La respuesta es compleja. La estructura del Consejo de Seguridad paraliza cualquier acción efectiva debido a los vetos, principalmente por parte de Rusia. La histórica resolución Uniting for Peace, adoptada en 1950, permitió a la Asamblea asumir responsabilidades cuando el Consejo no podía actuar, y en 2022 se activó en respuesta a la invasión. La flexibilidad del orden internacional, interpretada en función de los nuevos desafíos, sugiere que un tribunal universal podría ser más efectivo. La cuestión de por qué no se adhirieron a modelos previos como los tribunales en Camboya o Myanmar, sigue siendo objeto de especulación. Por ahora, la comunidad internacional debe avanzar en el proceso actual, conscientes de que Rusia ya niega la validez del tribunal. Sin embargo, la justicia debe seguir adelante sin su consentimiento; la responsabilidad internacional no puede detenerse ante la negativa de un Estado. La firma del acuerdo representa solo un primer paso, que será seguido por la organización y la definición del personal y la logística necesaria. La clave será la efectividad: el tribunal debe ser capaz de juzgar no solo la agresión, sino también otros crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, que actualmente están en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, el sistema judicial nacional y principios de jurisdicción universal que no son suficientes para la magnitud de los crímenes cometidos. La comunidad internacional debe mantenerse firme y comprometida para que la justicia no solo quede en el papel, sino que tenga consecuencias reales. Solo así se podrá enviar una señal contundente: la agresión no debe quedar impune, sin importar quién la haya cometido. La justicia no es solo un símbolo, sino el camino hacia una paz duradera y el respeto del orden legal internacional.