Decisiones judiciales clave en el esquema de malversación de fondos para la compra de equipamiento oncológico: VACSU mantiene las medidas preventivas contra otro involucrado
El país continúa investigando una extensa corrupción que implica la malversación de fondos estatales destinados a la adquisición de equipamiento médico para pacientes con cáncer. La Sala de Apelaciones del Alto Tribunal Anticorrupción (VACSU) confirmó la vigencia de las medidas cautelares para otro sospechoso en este caso de gran repercusión, reafirmando su compromiso en la lucha contra la corrupción en el sector de la salud. Este fallo llega poco después de que VACSU decidiera en términos similares en relación con el cerebro detrás del esquema. Según la Fiscalía Especializada Anticorrupción (FEAC), al 1 de julio de 2025, las medidas de seguridad, en particular la caución, permanecían sin cambios para un representante de una empresa privada implicada en la organización criminal. Además, se modificaron las obligaciones del sospechoso, prohibiéndole comunicarse con terceros respecto a las circunstancias indicadas en la acusación formal. Recordemos que el pasado 18 de junio, la Oficina Nacional anti-corrupción reveló la desarticulación de un esquema a gran escala, en el cual estaban implicados empleados del Instituto Nacional del Cáncer. La investigación reveló que los acusados habían apropiado más de 231 millones de hryvnias. La Central Anticorrupción informó que las sospechas fueron dirigidas a empresarios como Germán Fistal, su mano derecha Oksana Chulup, su subordinado Yuriy Vasilenko, el secretario del comité de licitaciones Dmytro Kaliyushchenko y el jefe del grupo de trabajo de compras Bohdan Borysiuk. Según la evidencia, el líder del mayor grupo de proveedores de equipos médicos, en complicidad con empresas controladas y funcionarios del Instituto Nacional del Cáncer, inflaron los precios en un mínimo del 50%, creando obstáculos artificiales en la cadena de suministro, introduciendo empresas afiliadas extranjeras, modificando la composición del equipo y alterando lotes completos para obtener beneficios ilícitos con fondos públicos, afectando a la prestación de servicios de salud y a los pacientes.