Educación a Distancia en Ucrania: Nuevos Retos y Cambios del Ministerio de Educación y Ciencia

El sistema educativo de Ucrania lleva ya tres años enfrentando condiciones extraordinarias causadas por la guerra en curso. El conflicto ha dispersado a los estudiantes por todo el mundo, mientras la destrucción de escuelas y las interrupciones en la enseñanza regular representan desafíos urgentes para toda la infraestructura educativa. En estas condiciones difíciles, la necesidad de decisiones equilibradas, flexibles y responsables se ha vuelto más crítica que nunca. Recientemente, el Ministerio de Educación y Ciencia ha realizado cambios en sus normativas, incluyendo la Orden No. 1112 del 7 de agosto de 2024 y la Orden No. 1115 del 8 de septiembre de 2020, que regulan de manera significativa cuestiones relacionadas con la educación remota. Estos cambios buscan principalmente reducir las posibilidades de educación en línea, promoviendo el concepto de “Escuela Presencial”, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y devolver a los estudiantes a las aulas físicas. Sin embargo, en el contexto de la guerra y las preocupaciones de seguridad, aplicar reglas uniformes resulta problemático, especialmente para los niños en zonas de conflicto y territorios temporariamente ocupados. El programa “Escuela Presencial”, planeado desde septiembre de 2025, promete ser flexible e inclusivo, pero su éxito dependerá completamente de la claridad en la implementación. Las resistencias públicas y las protestas de docentes contra las nuevas restricciones para la educación remota continúan durante más de un año, para lo cual hay temores de que estas regulaciones puedan restringir las oportunidades de aprendizaje en línea para estudiantes en áreas remotas u ocupadas, poniendo en riesgo su seguridad y su futuro. Las innovaciones legislativas incluyen restricciones en la elección de instituciones educativas y la promoción de la enseñanza presencial, especialmente para niños desplazados internamente y aquellos de territorios ocupados. Además, se establecen nuevos requisitos en cuanto al tamaño mínimo de clases: 20 estudiantes en educación remota, lo cual contraviene leyes existentes que permiten clases con al menos cinco alumnos. Esto pone en peligro la viabilidad de la educación en línea en pequeños colegios y en regiones fronterizas, donde la mayor parte del estudio se realiza a distancia. También se implementan requisitos más estrictos para los niños en territorios ocupados, incluyendo documentación y protocolos de seguridad, que representan riesgos adicionales. El Ministerio enfatiza el retorno a la educación presencial en zonas seguras, pero en áreas con bombardeos constantes y sin refugios adecuados, esto resulta inviable y muy peligroso. En resumen, estos cambios regulatorios afectan la autonomía operativa de las escuelas, obligándolas a cerrar clases o reducir personal, lo que genera inquietud entre docentes y padres. Aunque los nuevos directrices están registradas en el Ministerio de Justicia y se discuten activamente en el Parlamento, hay esperanza de que algunas disposiciones puedan ser reconsideradas o anuladas en futuras reformas.