Cinco países de la UE expresan abierta oposición a los planes británicos de implementar un sistema migratorio de «una entrada, una salida»
Protesta abierta contra la nueva política migratoria británica: cinco países de la Unión Europea (Italia, España, Grecia, Malta y Chipre) han expresado públicamente su preocupación y ansiedad por los planes de Londres de implementar un sistema de "una entrada, una salida" en cooperación con Francia. Temen que la implementación de esta iniciativa pueda complicar significativamente la situación del retorno de migrantes irregulares y generar una carga adicional para sus países, los países de primera entrada a la Unión Europea. Así lo afirma una carta enviada a la Comisión Europea, según el periódico británico The Times. En Londres se están llevando a cabo consultas diplomáticas activas entre los líderes de Gran Bretaña y Francia: el canciller británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, están trabajando en un acuerdo supranacional que debería permitir el retorno oficial de los migrantes irregulares que cruzan el Canal de la Mancha en barco. Como parte de este acuerdo, Londres se compromete a aceptar a los migrantes que tengan motivos legales para reunirse con sus familias en Gran Bretaña. A cambio, Francia recibe la autoridad para devolver al continente a los inmigrantes ilegales desde territorio británico. Por otra parte, se prevé crear un sistema conjunto para procesar las solicitudes de los migrantes que cruzan la frontera, así como para registrar datos biométricos para prevenir los intentos repetidos de migración ilegal. El instrumento principal debería ser un proyecto piloto: la creación de un sistema que, según el plan, reducirá el atractivo del Reino Unido como país de destino para los inmigrantes ilegales. Según el plan, a todo inmigrante ilegal deportado al Reino Unido desde Francia se le ofrecerá regresar al interior de Francia, y no a la costa norte del Canal de la Mancha. Este enfoque reducirá el número de intentos repetidos de cruzar la frontera anglo-francesa. Además, cualquier intento repetido de cruce ilegal se registrará automáticamente mediante datos biométricos, y los infractores serán devueltos inmediatamente. Los funcionarios gubernamentales enfatizan que el nuevo programa debe demostrar su viabilidad y evitar los errores de programas anteriores, incluyendo aquellos con Ruanda, que han sido criticados por deficiencias organizativas y en materia de derechos humanos. Sin embargo, el enfoque para la implementación de esta estrategia ha suscitado preocupación entre los socios europeos: la UE teme que pueda llevar a que los inmigrantes ilegales sean devueltos a su país de primera entrada, en lugar de a su país de residencia, lo cual contradice las normas y acuerdos vigentes. El acuerdo, que se lanzará como proyecto piloto próximamente, formará parte de un esfuerzo más amplio del gobierno británico para reducir el número de personas que llegan por barco este año, cifra récord de 18.500, un 42 % más que en el mismo período del año anterior. La policía francesa se prepara para introducir nuevos cambios legislativos que permitirán a los agentes interceptar embarcaciones hasta a 300 metros de la costa. Esta decisión pretende reducir aún más el número de cruces ilegales del Canal de la Mancha. En el contexto de estos acontecimientos, en mayo, nueve líderes europeos solicitaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que revisara la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su solicitud se refiere a la eliminación de los obstáculos a la expulsión simplificada y rápida de migrantes que infringen la ley o cometen delitos en la UE. Consideran que esto reducirá el flujo de migración ilegal y facilitará la gestión de las crisis migratorias. Esta iniciativa ha recibido el apoyo de numerosas fuerzas políticas, pero actualmente se encuentra bajo un intenso escrutinio interno y externo.