La exjueza del Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev ha sido condenada por un delito de corrupción, lo que subraya una vez más la magnitud del problema de la integridad en el sistema judicial ucraniano
El Tribunal Superior Anticorrupción, órgano principal en la lucha contra la corrupción, dictó el veredicto oficial contra la exjueza Olena Vlasenkova, hallada culpable de haber recibido cohecho y condenada a una pena de prisión de más de cinco años. Según la información proporcionada por la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), la sentencia fue proclamada el 11 de junio de 2025. La colegiación de jueces del TAS aprobó un veredicto condenatorio en el marco de un proceso penal que involucraba hechos de recepción de dinero ilícito por parte de la jueza, en cantidades que exceden el umbral establecido por la ley, dentro de un esquema de corrupción. La misma jueza fue descubierta en 2018 durante operaciones policiales, cuando fue detenida mientras recibía una millonaria cantidad de soborno de un representante de estructuras comerciales. De acuerdo con datos oficiales, el hecho del caso es que Vlasenkova recibió un beneficio ilícito de un subdirector de una empresa. Por este “servicio”, ella se comprometió a tomar decisiones procesales en un asunto que se encontraba en su jurisdicción, en favor del imputado en el proceso penal. Como resultado del juicio, la colegiación del TAS condenó oficialmente a la jueza, tomando en cuenta el artículo 368, parte 3 del Código Penal de Ucrania, que prevé responsabilidad por recibir beneficios ilícitos de gran cuantía en relación con el cumplimiento de funciones oficiales. Según la sentencia, Vlasenkova deberá cumplir una pena de 5 años y 6 meses de prisión, con la prohibición de ocupar cargos en órganos del poder estatal durante tres años. Además, el tribunal ordenó confiscar todo su patrimonio personal, que puede incluir bienes inmuebles, automóviles, cuentas bancarias y otros bienes muebles. De este modo, el tribunal afirmó su compromiso en la protección de la ley, demostrando una postura principista en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial de Ucrania. Es importante señalar que la decisión adquiere fuerza legal a los treinta días de su promulgación, siempre que no se presente una apelación. Según informa la SAP, la impugnación del veredicto solo será posible mediante la presentación de los documentos procesales correspondientes ante la instancia de apelación. Este caso vuelve a destacar la necesidad de fortalecer la política anticorrupción y la lucha sistemática contra la corrupción en los altos niveles de poder. La responsabilidad de las autoridades y de los jueces para garantizar el Estado de derecho y devolver la confianza de los ciudadanos ucranianos en la justicia sigue siendo uno de los principales objetivos de los procesos reformistas en el país. Solo la transparencia y la imparcialidad en la administración de justicia podrán sentar las bases para el desarrollo del Estado de derecho en Ucrania moderna.