El equipo de Elon Musk conectó ilegalmente la Casa Blanca al servicio de internet satelital Starlink sin la aprobación de los especialistas gubernamentales, lo que ha generado una oleada de indignación y preocupación respecto a la seguridad de las comunicaciones estatales
Esto fue informado por el influyente periódico The Washington Post, que cita a tres fuentes independientes cercanas a la situación, ocurrida en febrero de este año, y que ya ha causado un amplio revuelo en círculos políticos. Según las fuentes, en ese momento, representantes del Departamento de Eficiencia de la Administración Pública (DOGE), subordinado a Elon Musk, no recibieron aviso ni autorización alguna por parte de los expertos en comunicaciones de la Casa Blanca antes de subir al techo de un edificio cercano a la Administración del presidente Eisenhower. Allí instalaron un pequeño terminal que provee conexión con los satélites Starlink de la compañía SpaceX, que pertenece a Musk. La instalación de este sistema permitió a los Servicios de la Casa Blanca conectar la red interna a un nuevo canal de internet sin pasar por los procedimientos estándar de verificación de seguridad de los sistemas informativos del Estado. Las fuentes aseguran que los responsables de seguridad de la Casa Blanca no estaban informados de estos trabajos, y que el objeto técnico correspondiente quedó en el tejado del edificio hasta la fecha. No se sabe si dicho terminal sigue activo o fue desmontado tras las informaciones en los medios que aparecieron este mes. Se ha informado que en febrero, en los dispositivos oficiales de los empleados de la Casa Blanca apareció una red WiFi llamada "Starlink Guest". Según las fuentes, este punto de acceso solo requería una contraseña para conectarse, sin solicitar nombre de usuario ni otros datos de autenticación. La información indica que esta red aún permanece accesible para los oficiales y visitantes de la Casa Blanca. La Casa Blanca se negó a comentar directamente la situación, alegando confidencialidad y la protección de secretos de Estado y militares. El portavoz del Servicio Secreto de EE. UU., Anthony Guglielmi, afirmó que «no pueden discutir sistemas técnicos por motivos de seguridad», agregando que el incidente no se considera una violación o un incidente de seguridad. Según él, las autoridades estaban al tanto de las intenciones del DOGE de mejorar el acceso a internet dentro del campus, y esta iniciativa no generó preocupación alguna por parte del servicio de seguridad. La práctica habitual en la Casa Blanca establece que todos los teléfonos y dispositivos personales conectados a redes WiFi de invitados deben ser identificados mediante nombres y contraseñas, los cuales son comprobados y actualizados regularmente. La interacción de los funcionarios con el exterior, según ex empleados, se controla de manera muy estricta y se mantienen registros detallados de las horas y la identificación de los dispositivos. Sin embargo, también se ha difundido que Starlink no requiere dicha identificación en absoluto, permitiendo transmitir datos de forma anónima y sin dejar rastros. En el contexto de estos hechos, representantes del Partido Demócrata, incluido el Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, expresaron su inquietud por los posibles riesgos de filtración de información confidencial y de interferencia en los sistemas gubernamentales. Algunos ex altos funcionarios de la Casa Blanca incluso solicitaron una investigación a los legisladores, aunque por ahora no han recibido respuestas ni información adicional. Cabe destacar que este incidente ha puesto en evidencia una creciente discusión en torno a la seguridad en las tecnologías de la información y el uso de empresas privadas con fines estatales. En particular, se ha documentado que el ex asesor de seguridad nacional de EE. UU., Michael Wolcott, perdió su puesto tras un escándalo por participar en un chat usando el mensajero Signal, donde se discutían operaciones militares en Yemen. Similarmente, se sabe que el actual secretario de Defensa, Pío Gset, utilizó activamente este mensajero con fines oficiales en el Pentágono, lo que puede reflejar una menor rigurosidad en el cumplimiento de las medidas de seguridad tradicionales y diferentes enfoques en la protección de datos secretos. En conclusión, la situación relativa a la conexión de la Casa Blanca a Starlink, realizada en febrero pasado sin las autorizaciones y consultas correspondientes, reafirma la necesidad de un control estricto sobre el uso de tecnologías modernas en ámbitos de seguridad estatal. Esto plantea interrogantes sobre el nivel de confianza en las empresas privadas, su rol en las instituciones gubernamentales y las potenciales amenazas a la protección de información sensible del país. No se sabe qué otras tecnologías y redes están siendo utilizadas sin regulación adecuada, ni cuántos objetos con fines oficiales podrían permanecer invisibles o ser utilizados sin que la seguridad nacional tenga conocimiento de ello.