Los funcionarios del gobierno británico están dispuestos a acudir a los tribunales con el fin de obtener la transferencia a Ucrania de más de 2,3 mil millones de libras esterlinas (más de 3,2 mil millones de dólares), obtenidos por la venta del legendario club de fútbol Chelsea del oligarca ruso Roman Abramovich
Esta decisión ha sido una respuesta a los intentos prolongados de exigir al multimillonario que utilice estos fondos para la ayuda humanitaria a Ucrania, que ha sufrido una destrucción masiva debido a la invasión rusa. El gobierno del Reino Unido ha declarado varias veces su postura respecto a la utilización intencional de los fondos provenientes de la venta del club, con el propósito de apoyar al pueblo ucraniano. Sin embargo, según fuentes, la situación se ha estancado debido a la incapacidad de llegar a un acuerdo con Abramovich, quien desde 2022 se encuentra bajo sanciones británicas y europeas. Por ello, los fondos han sido bloqueados en cuentas bancarias en el Reino Unido, y no pudieron ser gestionados sin licencias correspondientes otorgadas por la Oficina de Control de Sanciones Financieras, departamento de la Tesorería del país. La venta del Chelsea se realizó en mayo de 2022. El empresario ruso vendió sus activos a un consorcio liderado por el inversor estadounidense Todd Boehly. Sin embargo, los fondos obtenidos fueron congelados y permanecen como un activo no divisible del sistema legal internacional, que busca encontrar maneras de destinarlos a fines humanitarios y de apoyo. En los últimos meses, funcionarios y políticos británicos en todos los niveles han insistido en que estos importantes recursos financieros deben destinarse a apoyar a Ucrania, brindar ayuda humanitaria a los afectados, y restaurar la infraestructura y los servicios sociales. Como ha señalado el departamento, el gobierno no cesa en su esfuerzo por lograrlo, y ha dedicado mucho tiempo a tratar de convencer a Abramovich de transferir voluntariamente los fondos para estos fines. No obstante, en un comunicado oficial del gobierno del Reino Unido emitido el lunes, se anunció que las negociaciones con Roman Abramovich no han dado el resultado esperado. "Nos vimos en la obligación de constatar que no logramos firmar un acuerdo con el propietario del club respecto al uso de los fondos de la venta con fines humanitarios. Por ello, estamos considerando todas las opciones legales para proteger nuestros intereses", afirmaron en un comunicado, citando palabras del Canciller de la Tesorería, Rachel Reeves, y del Ministro de Asuntos Exteriores, David Lemmie. El comunicado subraya que, aunque las puertas a negociaciones permanecen abiertas y esta posibilidad aún no ha sido descartada completamente, el Reino Unido está preparado para aplicar todos los mecanismos legislativos para liberar los fondos y transferirlos a Ucrania. El gobierno destaca que los objetivos de la ayuda humanitaria son sumamente importantes y que cada día de retraso en su entrega representa una tragedia humana. Cabe recordar que, en marzo pasado, el Ministro de Asuntos Exteriores, Lemmie, había prometido tomar todas las medidas necesarias para liberar rápidamente los fondos provenientes de la venta del club de fútbol. Entonces, aseguró que hacía todo lo posible para que los fondos, que llevan mucho tiempo retenidos en bancos, llegaran a manos de Ucrania y se usaran en necesidades humanitarias. Actualmente, los ucranianos y la comunidad internacional esperan una decisión que permita desbloquear estas enormes sumas y destinarlas a la reconstrucción y apoyo de Ucrania. Al mismo tiempo, la situación deja abierta la cuestión de cómo y bajo qué condiciones se utilizará esta suma multimillonaria para fines humanitarios, ya que ha quedado en una esfera jurídica y política que complica una solución rápida. En caso de que Reino Unido continúe con procedimientos judiciales, esto podría sentar un precedente en el ámbito de la lucha contra las sanciones financieras y la utilización de activos obtenidos tras la venta de activos comerciales en el marco de sanciones. Un caso tan relevante podría aclarar muchas dudas respecto a la responsabilidad y el control sobre el uso de recursos congelados en el futuro.