La DBCI (Departamento de Investigación del Estado) ha anunciado la acusación formal contra tres militares por el uso de la fuerza y la violencia durante la movilización forzada
Los empleados de la Oficina de Investigación Estatal han informado oficialmente de la acusación contra tres soldados involucrados en violaciones de derechos humanos y detenciones ilegales durante las acciones de movilización en la región de Rivne. Según información oficial, se trata de funcionarios del Centro Territorial de Recolección y Apoyo Social (TЦК y Sp) del distrito de Dubno, quienes cometieron graves violaciones a la legislación vigente y usaron violencia contra un hombre en situación de conscripción. El incidente ocurrió el 21 de febrero en la aldea de Ivanni, cuando, durante las actividades planificadas de movilización, los militares del TЦК y Sp observaron el movimiento de un hombre en bicicleta. En lugar de seguir los procedimientos y actuar con humanidad, los militares usaron gases lacrimógenos y, sin advertencia, lo obligaron a subir a un vehículo oficial. Es importante señalar que la víctima en ese momento llevaba en las manos una pistola de señalización, con la cual disparó al aire para llamar la atención y solicitar ayuda. Sin embargo, esto no detuvo a los atacantes, que, tras detenerlo, empezaron a "castigar" al hombre — le propinaron múltiples golpes con las piernas y las manos por diversas partes del cuerpo y la cabeza, mientras ya se encontraba inconsciente. Como resultado de esta acción violenta, la víctima sufrió heridas leves. Al mismo tiempo, bajo presión física, logró comunicar sus datos personales, los cuales posteriormente fueron utilizados para su traslado a la oficina de reclutamiento militar. Es importante destacar que, en 2019, este hombre ya había sido declarado no apto para el servicio militar en tiempos de paz por una comisión médico-militar, pero las autoridades militares ignoraron estos informes. Como resultado, fue movilizado por la fuerza a una de las unidades militares de la región de Rivne, generando preguntas adicionales sobre la legalidad de estas acciones. Tras la investigación, los investigadores de la DBCI han presentado acusaciones contra un oficial y dos militares involucrados en la organización y realización de acciones ilegales. Según la acusación, sus acciones se califican como detención ilegal de una persona, acompañada de violencia física. Además, a dos de los sospechosos se les atribuye la participación en torturas — acciones grupales destinadas a forzar al víctima a realizar ciertos actos o castigarlo por acciones previas. Esta grave violación de derechos humanos ha suscitado un amplio rechazo y ha puesto en duda el cumplimiento de la legalidad en el proceso de movilización. La Oficina de Investigación Estatal ha señalado que se ha iniciado un procedimiento penal bajo artículos que prevén la detención ilegal y la tortura. Los tres militares actualmente están bajo sospecha, siendo imputables por cometer los delitos indicados sin conspiración previa, lo que aumenta la gravedad de su responsabilidad. A los militares se les enfrentan consecuencias severas, incluyendo largas penas de prisión, y la sociedad está indignada por este tipo de comportamientos en medio del conflicto armado y las medidas de movilización. Este caso está siendo ampliamente discutido en la sociedad, ya que muestra claramente los problemas de brutalidad e impunidad inherentes a los procesos de movilización. El uso de la fuerza sin justificación y las graves violaciones de derechos de los militares en situación de conscripción generan preocupación sobre el cumplimiento de la ley en las fuerzas armadas y los derechos humanos en general. Se espera que la justicia actúe y que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes según la legislación vigente.