El tribunal ruso en Rostov del Don dictó una condena en un caso que ha generado un amplio resonancia pública en el contexto de los recientes eventos en el sur de Ucrania
El Tribunal Militar del Distrito Sur condenó a tres residentes de la ciudad temporalmente ocupada de Melitopol — Artyom Murdid, de 29 años; su madre Anna Murdid; y su pareja civil Hanna Voshkoder — a largas penas de prisión por cargos de supuesta preparación y realización de una serie de actos de sabotaje en la región de Zaporizhzhia y en las vías férreas del área. Se estableció que los tres formaban parte de una supuesta «comunidad terrorista», que, según la versión rusa, era dirigida por un desconocido empleado de los servicios de seguridad ucranianos — la SBU. Según la investigación, basada en declaraciones oficiales rusas, el fallo señala que todos los condenados estaban involucrados en la preparación y planificación de varias acciones de sabotaje, entre ellas — cuatro explosiones. Como ejemplo, las autoridades rusas mencionan la muerte del director de la empresa local "Transporte Urbano" Ivan Tkach, quien fue explosionado en un atentado que le causó la muerte. Además, como resultado de este ataque, resultó herida la empleada de la empresa Olena Sivaschenko, quien sufrió heridas graves pero sobrevivió. También se informa que la familia presuntamente preparaba otros sabotajes en las vías férreas, y que Artyom Murdid intentó en solitario colocar una bomba contra el jefe de la estación de tren Deriabin y contra el jefe de la administración de ocupación de Melitopol. Durante el proceso, Murdid afirmó que se enteró de los cargos en su contra solo durante los interrogatorios, los cuales, según él, se realizaron bajo torturas y otras formas de violencia física. En su declaración, afirmó que se vio obligado a «confesar» debido a la presión física, incluyendo golpes y coerción psicológica, que supuestamente lo forzaron a aceptar los cargos. Igualmente, su madre, Anna Murdid, quien también habló en contra de las acciones de los investigadores, confirmó la existencia de torturas contra su hijo, describiéndolas en detalle y expresando su preocupación por la justicia del proceso. La versión oficial de las autoridades rusas sostiene que estos actos de sabotaje tenían como objetivo desestabilizar la situación en la región y destruir infraestructura que colaboraba con las autoridades locales y rusas. Para sostener su versión, las fuerzas del orden rusas presentaron al tribunal supuestas grabaciones y testimonios obtenidos durante los interrogatorios, los cuales, según alegan, se llevaron a cabo con el uso intencional de presión física y psicológica. Este caso ha generado un fuerte resonancia pública y críticas por parte de la sociedad ucraniana y organizaciones internacionales de derechos humanos. El alcalde de Melitopol y representantes del gobierno de Ucrania han destacado que todos los cargos contra ciudadanos ucranianos son falsificados y tienen como finalidad desacreditar y intimidar a la población local, que no acepta la ocupación. Además, subrayaron que el proceso judicial se llevó a cabo sin las garantías adecuadas de un juicio justo, y que las largas condenas se basaron en torturas y procedimientos ilegales. Durante las vistas, Artyom Murdid afirmó repetidamente que se le obligó a declarar bajo presión física y psicológica, lo que alimenta la duda de la objetividad de la sentencia, que, en estas circunstancias, parece ser inmunes a la verdadera justicia. El hombre relató que fue torturado en la prisión y que lo forzaron a firmar declaraciones bajo amenaza. Su madre, Anna, en su testimonio durante el proceso judicial, reiteró la existencia de torturas y expresó su profunda preocupación por el futuro de sus seres queridos y la situación en la región en general. En definitiva, la condena emitida representa otra página en los complejos y dolorosos hechos que ocurren en las zonas de Ucrania bajo ocupación y destaca la dificultad de luchar contra la desinformación, las represiones ilegales y los motivos políticos que persiguen a los ucranianos en los territorios controlados por las autoridades rusas. Mientras este caso ocupa la atención, activistas ucranianos y organizaciones internacionales de derechos humanos llaman a una investigación independiente, al respeto de los derechos humanos y a la búsqueda de justicia, con el fin de evitar futuras violaciones y, posteriormente, juzgar a los responsables.