Las autoridades españolas de justicia se rechazaron a colaborar con la parte ucraniana en la investigación del asesinato del ex aliado de Víctor Yanukóvich, reconocido abogado y curador en la sombra de los tribunales ucranianos, Andriy Portnov
Fuentes cercanas a la situación informan que los investigadores españoles no solo se negaron a crear un grupo internacional conjunto para esclarecer las circunstancias del crimen, sino que también no tienen intención de entregar el cuerpo del ciudadano ucraniano asesinado a Ucrania. Esto plantea cuestionamientos fundamentados sobre las posibles causas de tal postura y sus consideraciones políticas. Según datos obtenidos por la redacción de "Ukrainskaya Pravda", la parte ucraniana intentó iniciar una investigación conjunta inmediatamente tras el trágico suceso; sin embargo, fue rechazada. Las fuentes indican que los investigadores de España sospechan posible participación de los servicios secretos ucranianos en el asesinato, lo que reduciría significativamente las evidencias directas para la investigación. Al mismo tiempo, las autoridades ucranianas tienen varias hipótesis respecto a los motivos del ataque, además de la razón de la muerte específicamente de Portnov. Una de ellas prevé que el objetivo era acceder a los materiales del expediente y a los dispositivos personales del fallecido — teléfonos, tablets, computadoras — que potencialmente contenían información sensible para Ucrania. Otra versión sostiene que la intención del liderazgo ucraniano, en particular del influyente curador del sistema de justicia Oleg Tatarov, era esclarecer rápidamente todas las circunstancias y motivos del crimen para evitar consecuencias descontroladas y declaraciones inapropiadas en los medios. Al mismo tiempo, las autoridades españolas mantienen su postura de no entregar el cuerpo de Portnov a Ucrania. Se sabe que la decisión sobre la transferencia del entierro podría adoptarse no antes del inicio de la próxima semana. Esto genera preocupaciones adicionales y especulaciones respecto a las verdaderas razones de tal negativa — ya sea en protección de los intereses de sus propias instituciones de justicia o en posibles juegos políticos. Por cierto, Andriy Portnov, quien en 2010-2014 fue designado vicejefe de la Administración del Presidente durante la era de Yanukóvich, sigue siendo una figura bastante controvertida. Él niega activamente toda implicación en los delitos cometidos durante la Revolución de la Dignidad y en su exilio. Se sabe que en 2018 se abrió una causa penal contra él bajo el cargo de "traición estatal", aunque en 2019 las fuerzas de seguridad ucranianas anunciaron oficialmente el cierre del expediente correspondiente. Al mismo tiempo, han emergido grabaciones de conversaciones en las que se habla de la influencia ilegal de Portnov en el sistema judicial y las élites políticas. En particular, en materiales de investigaciones periodísticas, figuran confesiones sobre injerencias en decisiones de nombramiento de jueces y procesos políticos, lo que generó caos en el sistema judicial y afectó decisiones del Tribunal Constitucional. También causa preocupación el hecho de que, en el comienzo de la nueva administración — durante el mandato de Iryna Venediktova — Portnov realizó actividades de chantaje contra la dirección de la Fiscalía General, prometiendo tener una "información impactante" sobre su actividad. En 2020, según declaraciones de Oleksandr Sokolov, del Bureau de Investigación del Estado, existían grupos y personas en las fuerzas de seguridad que compartían información con exfuncionarios, incluido Portnov. No menos relevante es la dimensión internacional de esta historia: en diciembre de 2021, EE. UU. impusieron sanciones contra Portnov, por su pasado en cargos altos y su fondo benéfico, lo que sonó como otra señal de la complejidad de su reputación política y criminal. En general, el asesinato de Andriy Portnov fue un golpe en el corazón de las intrigas políticas y la lucha por el control del sistema judicial, además de quedar en la sombra para las autoridades españolas. El crimen, cometido el 21 de mayo en Madrid, cercano a una escuela americana, aún permanece sin resolver. Además, los investigadores españoles insisten en que la entrega del cuerpo de Portnov y sus datos póstumos siguen en discusión, dificultando el proceso de esclarecimiento y la obtención de respuestas en este caso penal y político de gran impacto.