En Estados Unidos se han enfrentado a un nuevo conflicto de jurisdicción que podría influir significativamente en el futuro de la política comercial del país
Un tribunal federal de comercio internacional emitió una decisión trascendental que cuestiona la legalidad de los aranceles aduaneros impuestos por el expresidente Donald Trump. La colegiata judicial aprobó por unanimidad que los aranceles adoptados bajo su iniciativa exceden los límites de autoridad del jefe de Estado, violando las normas constitucionales de EE. UU. Según la evaluación del tribunal, la decisión de Trump de aplicar aranceles masivos a las importaciones de varios países no puede justificarse bajo la legislación vigente. En su fallo, los magistrados subrayaron que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), en la que se basó el expresidente, para legitimar los aranceles, es improcedente. Recordaron que, según la Constitución de Estados Unidos, solo el Congreso tiene la facultad de establecer tarifas y definir la política económica en esta área. Por lo tanto, las acciones de Trump, que implicaron la imposición de aranceles del 25 % sobre productos de Canadá y México, del 20 % sobre las importaciones de China, así como tarifas del 10 % sobre productos de decenas de países en el marco de la lucha contra el déficit comercial, fueron declaradas ilegales y deben ser canceladas. Además, el tribunal revocó los llamados aranceles "mutuos" que iban del 20 % al 50 %, previstos para entrar en vigor el 9 de julio si los países socios de EE. UU. no alcanzaban acuerdos con la administración de Trump en el plazo establecido. Esta decisión esencialmente priva a la Casa Blanca de la posibilidad de aplicar sanciones que vulneren el marco legal, limitando también su capacidad para implementar medidas comerciales sin la aprobación correspondiente de los legisladores. Al expresar su postura, el fiscal general del estado de Oregón, Dennis Reifield, uno de los 12 fiscales que presentaron la demanda contra los aranceles de Trump, afirmó: "Hemos llevado este caso porque la Constitución no concede poderes ilimitados a ningún presidente para destruir la economía del país. Esta decisión confirma la importancia de la ley y demuestra que las decisiones en materia de comercio deben tomarse con responsabilidad y dentro de los marcos legales, no a través de decisiones políticas de pasillo". La Casa Blanca reaccionó categóricamente condenando el fallo judicial y anunció de inmediato su intención de apelar. Un portavoz de la administración Trump declaró que "el presidente Trump prometió poner los intereses del país y del pueblo estadounidense en primer lugar, y por eso la administración está usando todos los instrumentos del poder ejecutivo para superar la crisis y devolver a EE. UU. a la posición de liderazgo en la economía mundial". Minutos después del anuncio de la sentencia, se emitió una declaración respecto a la apelación, la cual podría prolongar significativamente este proceso legal y alterar las perspectivas de la política comercial del país en el futuro. Esta decisión representa un importante precedente que evidencia cuán limitadas son las facultades del presidente en el ámbito del comercio internacional y qué mecanismos posee el Congreso para controlar la política exterior de EE. UU. Una de las principales preguntas que permanece abierta es si la administración Trump podrá modificar su enfoque en materia arancelaria y cómo esto afectará las relaciones con socios comerciales en todo el mundo. En cualquier caso, este fallo judicial constituye un nuevo ejemplo del complejo equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo en la nación más poderosa del mundo, y sus resultados podrían tener consecuencias duraderas para la economía estadounidense y el comercio internacional.