El Tribunal Supremo de Eslovaquia ha declarado culpable al exministro de Finanzas y actual presidente del Banco Nacional del país, Peter Kažimír, de actos de corrupción que no quedarán sin consecuencias
Esta decisión se ha convertido en una de las más resonantes en el ámbito de la lucha contra la corrupción en el país en los últimos tiempos y ha atraído la atención hacia los graves problemas de transparencia y Estado de Derecho en los procesos de investigación. Según la resolución del tribunal, el presidente del Banco Nacional, quien ocupó ese cargo desde 2019 y debe finalizar su mandato ya el domingo 1 de junio de 2025, fue declarado culpable de haber entregado en 2017 un soborno de 48 mil euros al jefe de la Administración Tributaria, František Imrecze, con el fin de obtener información confidencial sobre asuntos fiscales de varias empresas. Esto le permitió facilitar la reducción de obligaciones tributarias a negocios, lo que resultó en importantes pérdidas económicas para el Estado: más de tres millones de euros en concepto de IVA no pagado. La sentencia, dictada por el Tribunal Penal Especializado de la ciudad de Pezinok bajo la presidencia del juez Milan Cisárik, contempla una multa de 200 mil euros. Al mismo tiempo, el tribunal puede considerar una pena alternativa en forma de privación de libertad de hasta un año, si las partes apelan. La decisión aún no es definitiva y está siendo considerada en diversos círculos jurídicos, dado que ambas partes tienen derecho a apelar. Durante el proceso judicial, Peter Kažimír también fue objeto de críticas por su comportamiento. Antes de la lectura del fallo, envió cartas a amigos, conocidos y contactos oficiales en las que expresaba de forma enérgica su desacuerdo con el sistema judicial, calificando el proceso como fabricado y motivado políticamente. En el texto, subrayaba que tiene motivos para creer que el juez Milan Cisárik tiene la intención de declararlo culpable con pruebas fabricadas y negaba su implicación en acciones ilegales, en particular en la recepción o transmisión de sobornos. El caso estuvo marcado por una serie de giros inesperados. En primer lugar, el juez Cisárik emitió una decisión en forma cerrada sobre una multa de 100 mil euros a Kažimír por corrupción, pero esta resolución fue apelada y el asunto fue devuelto a la instancia judicial para una revisión pública, lo que evidencia la complejidad y la tensión política y jurídica que rodea a este proceso. Cabe señalar que en el desarrollo del caso se discutieron también cuestiones relacionadas con los plazos de prescripción. La defensa del funcionario fiscal argumentó que el caso debería cerrarse por haber cumplido los términos de prescripción, ya que los hechos ocurrieron en 2017-2018. Según las recientes reformas legales, el plazo de prescripción para delitos de corrupción es de tres años. Sin embargo, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, en casos que afecten intereses de la comunidad o tengan vínculos con organismos internacionales, se aplican plazos más largos, de hasta cinco años. Esa fue la interpretación que consideró el juez Cisárik, rechazando cerrar el expediente por la prescripción. Expertos europeos, como el fiscal Juraj Novohradský, subrayan que la cuestión de la justicia en este caso está directamente relacionada con las normas comunitarias, en particular en aspectos del IVA, que presentan problemas en términos de cooperación y regulación dentro de la UE. Existen varias sentencias de tribunales de la UE que confirman que la obligación de pagar, sancionar o imponer multas en materia tributaria debe considerarse claramente en los procedimientos jurídicos de casos de tal importancia. Es fundamental resumir que, en los últimos días anteriores a la finalización de sus funciones, es decir, antes del fin oficial de su mandato, Peter Kažimír fue objeto de un intenso debate mediático y social sobre la lucha contra la corrupción y sus perspectivas en el país. Medios, políticos y activistas llaman la atención sobre el hecho de que este caso aún no termina y tiene potencial para recursos de apelación, así como para implicaciones políticas y jurídicas. En el contexto de esta historia, la situación política en el país continúa siendo tensa. Además, recientemente, países como Hungría y Eslovaquia rechazaron firmar un documento del Consejo de la Unión Europea destinado a fortalecer las instituciones democráticas y combatir la desinformación, lo que subraya la fragmentación interna y los desafíos dentro de la comunidad europea. Estas divergencias políticas añaden un peso adicional a los debates sobre la eficacia del sistema judicial y la lucha contra la corrupción en países del Este de Europa.