El Centro contra la Corrupción ha descubierto otra persona del ámbito jurídico que intentaba evadir responsabilidades bajo sospecha de haber recibido un soborno a gran escala
La subjefa de la Fiscalía de la región de Zaporizhzhia, Natalía Maksimenko, a quien la NABU y la Fiscalía Especializada contra la Corrupción sospechan de haber exigido y recibido 40 mil dólares por resolver “silenciosamente” casos penales, dio un paso que marca un cambio: se movilizó para unirse a las fuerzas de defensa ucranianas. Esta información fue divulgada por el Centro en sus redes sociales, añadiendo que el evento ocurrió el 9 de mayo, diez días antes de la audiencia judicial planificada sobre su caso en el Tribunal Anticorrupción Supremo. Según los datos disponibles, Maksimenko, que anteriormente había sido objeto de investigaciones por abusos de corrupción, tomó esta decisión con una meta evidente: obtener una protección adicional, la cual, según expertos anticorrupción, puede retrasar significativamente o incluso hacer imposible su enjuiciamiento. El CPC supuestamente asume que, movida quizás por el deseo de evitar una sanción justa, se sumó al proceso de movilización similar al que emplearon otros altos funcionarios, como el exjefe de la Agencia Fiscal, Roman Nasirov. Este último fue también movilizado al Ejército de Ucrania antes de una sentencia en un caso penal que trataba de evasiones fiscales masivas y abuso de poder. En aquel entonces, esa medida generó críticas y cuestionamientos sobre la legalidad de tales acciones. El Centro recuerda que en septiembre de 2024, Maksimenko fue descubierta en una ilícita esquema de soborno. Según la investigación, recibió 40 mil dólares para facilitar la cancelación de la incautación de bienes y evitar responsabilidad penal para una persona bajo investigación. El dinero fue encontrado en el maletero de su vehículo, y posteriormente se le impuso una fianza de 8 millones de hryvnias. Tras pagar la fianza, quedó en libertad y continuó trabajando, aunque el cargo que se le imputa implica sanciones de hasta 12 años de prisión. Las élites judiciales, tras conocer la situación, intentan encontrar mecanismos legales para evitar su enjuiciamiento completo. En este mismo contexto, se recuerda que el caso de Nasirov fue público mucho antes. Acusado de haber recibido un soborno récord de 722 millones de hryvnias, al igual que Maksimenko, se movilizó al ejército poco antes de la sentencia judicial. Sin embargo, la Guardia de Honor y el personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania posteriormente informaron sobre una investigación administrativa respecto a ese hecho, además de cancelar su movilización, probablemente debido a presuntas violaciones o intentos de evadir la responsabilidad bajo la apariencia del servicio militar. Este tipo de “maniobra” de movilización de altos cargos genera fuertes debates en la sociedad y recuerda la tendencia a usar la obligación militar para obstaculizar o dilatar investigaciones criminales. El Centro contra la Corrupción expresa su preocupación porque las leyes y los procedimientos aún no están perfeccionados, y mientras el Parlamento no realice las reformas correspondientes, decenas de casos únicos de altos funcionarios, incluyendo aquellos en los que Maksimenko está implicada, seguirán “pendiendo en el aire” hasta que prescriban los delitos. Esto en la práctica permite que algunos evadan una justicia efectiva incluso tras cometer delitos. Considerando todas las circunstancias, es evidente que las instituciones de seguridad y justicia tienen aún mucho trabajo por delante para perfeccionar los mecanismos de lucha contra la corrupción y garantizar que los altos funcionarios que recurren a cualquier método para proteger sus intereses sean llevados ante la justicia, no que se escapen por medio de engaños y largos procedimientos legales.