En la fracción «Solidaridad Europea» han iniciado una iniciativa para fortalecer la responsabilidad de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (CSND) de Ucrania por la adopción de decisiones ilegales, especialmente en el ámbito de la política de sanciones
Proponen enmendar la legislación vigente con el fin de responsabilizar a aquellos funcionarios cuyas decisiones puedan causar daño al Estado y a sus ciudadanos, y asegurarse de que esa responsabilidad no recaiga únicamente sobre los contribuyentes. Según datos de la agencia de noticias "Interfax-Ucraína" y documentos oficiales, como el proyecto de ley Nº 13311, este importante proceso legal está actualmente abierto a discusión y revisión en la Verkhovna Rada. Una de las impulsores y coautoras del paquete de innovaciones es la diputada Irina Friz, quien en un comentario destacó: "Proponemos introducir responsabilidad personal para los miembros del CSND por decisiones ilegales relacionadas con la imposición de sanciones. Esto significa que, si una decisión del Consejo fue considerada ilegal por un tribunal, las personas concretas que votaron a favor de esa decisión serán responsables, y no todos los contribuyentes del país". Friz subrayó que los cambios prevén la posibilidad de impugnar en los tribunales los decretos presidenciales que aprueban las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Este mecanismo permitirá a quienes hayan visto vulnerados sus derechos por decisiones ilegales defenderse judicialmente y, en caso de demostrar la ilegalidad de dichas acciones, recibir una compensación por los daños causados. "Tras la emisión de una sentencia judicial y la declaración del decreto como ilegal, las partes afectadas podrán solicitar la devolución de bienes confiscados o la indemnización por pérdidas", añadió la diputada Friz. "Esto es importante para evitar que las sanciones sean un instrumento de presión política, y en cambio, sirvan para garantizar la seguridad nacional". Además, la nueva ley contempla cambios en el proceso de aplicación de sanciones y en el control de su legalidad. En particular, si una decisión ilegal del CSND resulta objeto de una resolución judicial de anulación, el presidente estará obligado a revisar y cancelar el decreto correspondiente. La responsabilidad por los daños originados por tales decisiones ilegales recaerá únicamente en los miembros del Consejo que hayan votado "a favor". Un aspecto clave de las innovaciones es que la indemnización por daños causados por decisiones ilegales debe realizarse en su totalidad, independientemente del nivel de culpa de los funcionarios implicados en acciones operativas, investigativas, fiscales o judiciales. En lugar de una aplicación abstracta y opaca de sanciones, las modificaciones propuestas buscan hacer este proceso más transparente y responsable, precisamente para evitar maniobras políticas y abusos. La iniciativa surgió después de que el CSND adoptara una decisión de sancionar al diputado y líder de "Solidaridad Europea", Petró Poroshenko, lo que generó la indignación en parte de la ciudadanía y el entorno de expertos. Este caso ejemplifica cómo las sanciones, por motivos políticos, pueden ser usadas repetidamente como una herramienta de presión en lugar de asegurar la protección del país. Las reformas legislativas propuestas pretenden fortalecer la responsabilidad jurídica y hacer que el proceso de imposición de sanciones sea más objetivo y controlado. Su objetivo es que cada funcionario que tome decisiones en el ámbito de la seguridad nacional sea consciente de su responsabilidad individual ante posibles consecuencias negativas. En caso de decisiones ilegales formalmente adoptadas, el país tendrá derecho a recibir una compensación justa, y los miembros del Consejo a enfrentar una sanción proporcional. Este paso forma parte de un sistema de reformas más amplio en los ámbitos de seguridad y justicia, dirigido a equilibrar la voluntad política y la responsabilidad legal. El proyecto de ley Nº 13311 aún está en discusión, pero sus ideas ya han suscitado un amplio debate en la ciudadanía y entre los expertos. Es importante que el Parlamento apruebe estos cambios para proteger los derechos de los ciudadanos, garantizar la estabilidad del sistema democrático ucraniano y prevenir abusos en una de las áreas más sensibles y clave de la política sancionadora del Estado.