En junio, la Unión Europea planea definir la próxima línea estratégica en relación con el estatus de protección temporal para los ciudadanos ucranianos que se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a las acciones militares
Este es uno de los temas más actuales y sensibles en el discurso político europeo actual, ya que la decisión afectará significativamente el destino de decenas de miles de ucranianos que buscan refugio en los países de la UE. El mecanismo de protección temporal, lanzado por la Unión Europea en marzo de 2022 en respuesta a la agresión rusa, se convirtió en una herramienta rápida y eficaz para garantizar el apoyo colectivo a los ucranianos que lo han perdido todo a causa de la guerra. Se inició en el momento más difícil para Ucrania, y la primera decisión asumió un carácter provisional — protección hasta marzo de 2025, con la posibilidad de renovarla dos veces por un año más. Posteriormente, la Comisión Europea decidió prorrogarla hasta marzo de 2026, aunque esta extensión fue menos predecible y estuvo acompañada de ciertos matices. Actualmente, según información proveniente de fuentes diplomáticas y confirmada por el medio Euractiv, se llevan a cabo negociaciones en la sombra respecto a la prolongación de esta directiva. Está en la agenda no solo la posible “congelación” o extensión de la misma, sino también la elaboración de nuevas estrategias que permitan, de manera gradual o incluso radical, modificar el enfoque hacia la protección temporal. Se espera que en junio los ministros del Interior y de Justicia de los países miembros de la UE se reúnan para analizar la propuesta de extender este programa por un año más. Una característica de esta iniciativa es el intento de introducir no un cambio legislativo, sino una eliminación más flexible y por etapas de la protección. Esto significa que los países miembros podrían discutir y decidir sobre la reducción o incluso la cesación del estatus de protección temporal para ciertas categorías de refugiados ucranianos. Sin embargo, no es una cuestión sencilla: los expertos resaltan que ya prácticamente no hay bases jurídicas para una extensión adicional, por lo que será necesario definir una nueva estrategia común que considere los intereses y derechos de quienes desean quedarse y de quienes planean regresar a casa. Martin Wagner, asesor senior del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas de Migración, advierte que hay riesgo de llegar a “una situación delicada” cuando se acaben los plazos de la directiva. “Si planificamos mal la salida del sistema, podemos generar tensiones en la concesión de asilo en los países miembros”, opina. Según Wagner, la salida futura del programa debe estar bien fundamentada y considerar todos los aspectos jurídicos para evitar consecuencias negativas. Uno de los aspectos más importantes es definir quiénes permanecerán bajo protección y quiénes la perderán. Los posibles escenarios varían desde la exclusión de personas que hayan regresado a Ucrania (con la posibilidad de reincorporarse al programa en varios meses) hasta la implementación de prohibiciones para que los recién llegados no accedan a beneficios bajo el régimen actual. También no se descarta la opción de no hacer nada y dejar la situación sin cambios, lo que, según las evaluaciones de expertos, podría acarrear riesgos adicionales y mayores costos para el sistema, además de complicar la vida de los propios ucranianos. Uno de los elementos inusuales, pero potencialmente interesantes, del futuro marco de regulación es la propuesta de crear nuevos instrumentos jurídicos, llamados “permisos de reconstrucción”, que proponía el exministro de Defensa de los Países Bajos, Lodewijk Asscher. Técnicamente, dicho documento implicaría la concesión de un permiso temporal de residencia de hasta 10 años, con la posibilidad de regresar o integrarse en la sociedad europea. Sin embargo, esta opción aún está lejos de implementarse y enfrentará importantes desafíos jurídicos y políticos. Mientras tanto, cerca de la frontera ucraniana continúa aún la problemática aguda. Recientemente se supo que, desde el 1 de mayo, los residentes de la provincia de Kyiv y de Tallin que no están registradas oficialmente allí perdieron el derecho a transporte público gratuito. Esto obligará a muchos refugiados ucranianos a buscar nuevas rutas y medios de transporte, complicando su vida cotidiana. Paralelamente, el gobierno de Rumania sigue implementando una política humanitaria orientada a apoyar a las categorías vulnerables afectadas por la guerra en Ucrania. Hasta finales de 2025, está prevista asistencia y apoyo continuos para quienes hayan tenido que abandonar zonas de conflicto, un factor importante para la estabilidad de muchas familias ucranianas que buscan refugio en el país vecino. En conclusión, la situación del protección temporal para los ciudadanos ucranianos en la Unión Europea sigue siendo compleja y dinámica. Se espera que en junio los líderes políticos y expertos elaboren un nuevo plan de acción para abordar esta cuestión de manera sistémica y justa, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos, la seguridad y las posibilidades de una integración a largo plazo de los refugiados ucranianos en la sociedad europea.