Los líderes europeos llaman a cambios radicales en la política sobre el envío de migrantes
Los participantes de nueve Estados miembros de la Unión Europea han presentado una iniciativa conjunta que podría modificar significativamente el enfoque actual respecto a la expulsión de delincuentes y migrantes ilegales. En una declaración que ha recibido amplia atención en el entorno político europeo, se señala la necesidad de revisar los estándares y enfoques establecidos en la Convención Europea de Derechos Humanos. La relevancia de este paso ha aumentado debido a las crecientes dificultades en la lucha contra la crisis migratoria y la propuesta de fortalecer el control sobre el flujo de personas que cometen delitos en el territorio de la UE. La declaración fue firmada por altas autoridades de países como Italia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Basada en una iniciativa de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su colega danés, Mette Frederiksen, la propuesta busca abrir un amplio debate político sobre la efectividad y la vigencia de los convenios firmados hace varias décadas. Según los firmantes, la política internacional moderna y los desafíos actuales, incluyendo la crisis migratoria y la responsabilidad por la seguridad ciudadana, requieren replantear algunos puntos y, posiblemente, modificar la Convención Europea de Derechos Humanos. "En nuestra opinión, la seguridad y la protección de los ciudadanos, así como las víctimas de delitos, son prioridades fundamentales. Creemos que estos derechos deben prevalecer sobre otros, especialmente al tomar decisiones relacionadas con la deportación y el control de los flujos migratorios", indica el documento. Los representantes de los países expresaron su convicción de que el marco legal actual está desactualizado y no puede responder eficazmente a los nuevos desafíos, como las situaciones en las que los delincuentes emplean lagunas jurídicas para evitar la expulsión o deportación. Adicionalmente, en la declaración se subraya la importancia de luchar contra el uso de la presión migratoria como instrumento de desestabilización. Un tema relevante sigue siendo la oposición a los intentos de involucrar a los migrantes en juegos políticos, particularmente mediante su utilización en campañas de propaganda hostil por parte de países que buscan desestabilizar la situación en la UE y aumentar la tensión en las fronteras. En este contexto, se hace hincapié en la necesidad de fortalecer el control y aplicar medidas más eficaces para prevenir cruces fronterizos no autorizados. Este llamado ha adquirido una mayor urgencia a raíz de los eventos recientes en las fronteras orientales de Polonia y los países bálticos. Desde el verano de 2021, se ha intensificado la tensión en las fronteras bielorruso-polaca y bielorruso-lituana, como resultado de las acciones desestabilizadoras del gobierno bielorruso. Quienes han facilitado activamente cruces ilegales de migrantes organizando un escenario de crisis migratoria artificial, que aún persiste. Los países mencionados han implementado medidas reforzadas para proteger sus fronteras, aunque el problema no ha desaparecido por completo y, periódicamente, se agrava. En marzo de 2025, el gobierno polaco volvió a reforzar la vigilancia en la frontera con Bielorrusia, anunciando medidas adicionales y restricciones respecto a los derechos de los extranjeros a solicitar protección internacional. Por su parte, Lituania presentó una demanda ante la Corte Internacional de la ONU, acusando al régimen bielorruso de acciones desestabilizadoras, incluyendo la organización de cruces ilegales y intentos de involucrar a la población en conflictos para aumentar las tensiones dentro de la Unión Europea. Esta situación ilustra claramente la complejidad con que la Unión Europea enfrenta los temas de migración y seguridad. Según expertos, reforzar la política de deportaciones y revisar los acuerdos internacionales existentes podría ser uno de los escenarios para salir de un callejón sin salida. Sin embargo, dichas iniciativas también enfrentan una fuerte oposición por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales, que insisten en respetar los derechos de los migrantes y mantener un enfoque humanitario. Queda por ver cuán profunda será la discusión política y si ésta podrá traducirse en cambios concretos en el sistema legal europeo. Al mismo tiempo, en el contexto de la seguridad y estabilidad regional, la necesidad de encontrar soluciones de compromiso resulta más urgente que nunca. Los líderes políticos de la UE esperan que esta iniciativa ayude a reducir las tensiones y a mejorar la protección de las fronteras, garantizando al mismo tiempo los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero la pregunta permanece abierta: ¿podrá Europa superar sus divergencias internas y encontrar un equilibrio entre seguridad y derechos humanos en esta situación compleja?