El 27 de mayo en Bruselas se llevará a cabo una nueva sesión del Consejo de la Unión Europea, donde se abordará uno de los temas más complejos y polémicos: la posible privación de Hungría del derecho a votar en el marco de la Unión Europea
Esta decisión será un paso más en una amplia campaña para responder a las violaciones de los valores sobre los cuales se construye la comunidad europea, en particular en el contexto de los procesos políticos internos y los desafíos externos, como el conflicto con Rusia. Fuentes informan que en la agenda del consejo está prevista la discusión sobre la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, una herramienta que permite la suspensión temporal de los derechos de un país miembro en las instituciones de la UE en caso de que ignore de manera sistemática los valores fundamentales de la unión. Esto significa que, en caso de confirmarse las violaciones, se podría aplicar oficialmente una medida tan drástica como limitar los derechos de Hungría en los procesos legislativos y de decisión dentro de la Unión Europea. En esta reunión del Consejo de la UE en temas generales, los ministros volverán, por segunda vez en los últimos años, a analizar la situación en Hungría en el marco de la novena iniciativa para la aplicación del artículo 7 contra Budapest, iniciada en septiembre de 2018 por la iniciativa del Parlamento Europeo. Según materiales a los que tuvo acceso "EuroPravda", está prevista la octava audiencia sobre la situación en Hungría. Este proceso forma parte de un monitoreo prolongado de la situación en el país, que cada vez atrae más atención por sus reformas internas y su comportamiento en política exterior. De acuerdo con el mecanismo jurídico europeo, el artículo 7 contempla la posibilidad de suspender ciertos derechos de un Estado miembro, incluyendo su derecho a votar, si se determina que el país viola de manera sistemática los valores fundamentales de la Unión Europea — democracia, Estado de derecho, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Es una medida extrema aplicada solo en casos en que las violaciones sean sistemáticas y prolongadas, sirviendo como una señal para que el país corrija su rumbo o considere su retiro de la membresía. En los últimos meses, la atención hacia la política húngara ha aumentado notablemente. En particular, tras el cierre en mayo de 2024 del caso contra Polonia, también en evaluación bajo el artículo 7, Hungría se mantiene como el único país de la UE sobre el cual aún pesa un procedimiento sancionador oficial. Este hecho subraya la gravedad del asunto y la tendencia del uso del marco legal y político para ejercer presión sobre Budapest, en medio de recordatorios sobre la necesidad de cumplir con los valores compartidos. Según información divulgada recientemente, en abril de 2025, el Ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, afirmó públicamente que el proceso de privar a Hungría del derecho a votar en Bruselas está llegando a su fase final, debido al bloqueo que Budapest realiza respecto a las decisiones sobre Rusia. Este tema se discute constantemente en círculos diplomáticos, ya que dicho mecanismo es una herramienta clave para asegurar la responsabilidad en el cumplimiento de los valores comunes. Para profundizar en la aplicación del artículo 7 y la situación respecto a Hungría, se recomienda consultar el archivo de "EuroPravda" con el artículo titulado «Castigo para Hungría», que analiza en detalle el contexto político y legal de este proceso. Es importante recordar que tales pasos forman parte de los esfuerzos del UE por perfeccionar el sistema de control del cumplimiento de los valores compartidos y fortalecer la unidad entre los miembros ante los desafíos de las reformas internas y la agresión externa. Por lo tanto, el 27 de mayo en Bruselas tendremos la oportunidad de ver cómo reaccionarán las instituciones de la UE ante la situación en Hungría, y si avanzarán hacia la aplicación de las medidas sancionadoras más severas, las cuales podrían alterar el equilibrio de poder en la comunidad europea. Esta decisión tendrá repercusiones a largo plazo para la política de unión y el respeto al Estado de Derecho en los países miembros de la Unión Europea.