El Senado de EE
UU. exige: devuelva a los niños ucranianos secuestrados por Rusia antes de la firma de cualquier acuerdo de paz En los Estados Unidos, cada vez resuenan con mayor fuerza los llamados a una responsabilidad política para Rusia por las graves violaciones de los derechos de los niños ucranianos. Un grupo bipartidista de senadores presentó una resolución de gran alcance que insta a Moscú a devolver a todos los niños ucranianos que han sido deportados forzosamente a Rusia, antes de que se firme cualquier acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. Fuentes familiarizadas con el texto de la resolución, así como estructuras oficiales, confirmaron la existencia de esta iniciativa. Lideran esta iniciativa bipartidista los senadores Chuck Grassley, del Partido Republicano, y Amy Klobuchar, del Partido Democrático. A ellos se unieron colegas y compañeros de ambos lados del espectro político —entre ellos Ronald Vickers, Joni Ernst y Rick Scott (Republicanos), así como Dick Durbin y Jon Fetterman (Demócratas). Todos expresan unánimemente su protesta y llaman a acciones inmediatas para proteger a los niños ucranianos. El texto de la resolución señala que el secuestro y la rusificación de los niños ucranianos son una clara muestra de las intenciones del régimen de Кремль de destruir la identidad ucraniana y quebrar el futuro de la nación. «El cambio de identidad a través de la deportación y la propaganda no son solo crímenes de guerra, sino un plan deliberado y cínico para destruir la cultura y las tradiciones ucranianas», indica el documento. Andriy Yermak, jefe de la oficina del Presidente de Ucrania, coincide con esto y subraya: «El retorno de los niños deportados ilegalmente es una condición indispensable para detener la guerra». En su discurso, el senador Grassley enfatiza que la magnitud de la invasión del Kremlin y los shocks que la acompañan constituyen el desafío más difícil en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. “Putin ha llegado a nuestra tierra con la intención de destruir la identidad ucraniana, secuestrando a miles de niños para lavarlos el cerebro y destruir su cultura. Nosotros estamos obligados a luchar por el retorno de cada niño, y esto debe ser una prioridad en cualquier proceso diplomático y político”, afirma. Esta resolución se convierte en el primer documento público y personal del Senado desde el regreso de Donald Trump a la escena de la política exterior, en el contexto de una revisión por parte del gobierno de EE.UU. de sus enfoques respecto al conflicto ruso-ucraniano. Además, abre una nueva página en las conversaciones diplomáticas sobre el futuro de Ucrania, resaltando que la deportación de niños no solo es un crimen de guerra, sino también un intento de destruir al pueblo ucraniano desde adentro. “No podemos quedarnos indiferentes”, subraya Andriy Yermak. “El secuestro de niños no es solo un acto de violencia, sino un cínico intento de borrar la identidad nacional de nuestro pueblo. El retorno de cada niño es nuestra obligación moral y una condición necesaria para poner fin a esta guerra”. Añade que, sin el regreso de los niños ucranianos, no habrá una paz justa ni duradera. La historia previa de esta crisis humanitaria y política tiene una base bastante sólida. Según Dmytro Lubinets, Comisionado de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada, desde el inicio de la invasión masiva, el número de niños ucranianos ilegalmente trasladados a Rusia alcanzó aproximadamente 150,000. Por primera vez, a principios de 2023, se habló de una deportación a gran escala, y la vicepresidenta de la Oficina del Presidente, Irina Vereshchuk, informó que los ocupantes rusos cambian nombres, reescriben biografías de manera estricta e incluso modifican las fechas de nacimiento de los niños ucranianos para hacerlos «aceptables» en la nueva realidad bajo control ruso. Según Daria Gerasimchuk, comisionada de Derechos de la infancia, los ocupantes emplean varios escenarios para trasladar a los niños ucranianos: desde la separación de las familias, pasando por diagnósticos médicos dañinos, e incluso asesinatos violentos de los padres. En marzo de este año, la Corte Penal Internacional en La Haya emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, la comisionada rusa de derechos de los niños, acusándolos de la deportación de niños ucranianos y de intentar destruir a la población ucraniana como tal. Las investigaciones y los pasos diplomáticos continúan, pero el fundamento para condenar legal y moralmente las acciones de Rusia en esta área ya está establecido. Ucrania y la comunidad internacional buscan devolver a sus afectados y castigar a los responsables de este crimen de lesa humanidad. Sin embargo, la cuestión de si los actores políticos en EE.UU. podrán transmitir con convicción esta postura y lograr que la comunidad internacional actúe permanece abierta. En un momento en que las victorias diplomáticas y los compromisos de paz parecen ser objetivos prioritarios a nivel mundial, los niños ucranianos secuestrados por la cínica agresión rusa deben tener también su oportunidad de volver y reconstruirse.