En Ucrania, desde 2022, las fuerzas del orden han registrado más de 70 casos de detención de militares por delitos de corrupción, lo que indica problemas sistémicos en el sector militar del país
Según datos oficiales de la Oficina del Fiscal General, desde principios de 2022 hasta abril de 2025, se han detenido a 78 militares por hechos de cobro indebido, de los cuales 30 ya han recibido sentencias judiciales. Según información proporcionada por el servicio de prensa de la Oficina del Fiscal General en respuesta a una solicitud de información de Ukrayinska Pravda, los procedimientos penales estaban relacionados con el artículo 368 del Código Penal de Ucrania, que prevé responsabilidad por ofertar, prometer o recibir sobornos. Esto demuestra una detección activa y una lucha contra las conductas corruptas entre el personal militar, ya que estos delitos socavan la capacidad de lucha y la confianza en las estructuras militares. Específicamente, en el período de 2022 hasta el primer trimestre de 2025, los tribunales ya han dictado 30 sentencias respecto a militares detenidos bajo dicho artículo. Esto puede indicar un aumento en la actividad anticorrupción y los intentos del Estado de limpiar el sector militar de representantes deshonestos. Cabe destacar especialmente el incidente de mayo de 2025: en esa ocasión, las fuerzas del orden detuvieron al comandante provisional de la compañía de sistemas no tripulados de la 155ª Brigada Mecanizada, el teniente coronel Svitoslav Shumskyi. Según las autoridades, el oficial exigía sobornos a sus subordinados supuestamente a cambio de asignaciones ficticias por participar en combates en primera línea. Sería detenido con la posibilidad de que se le aplique una medida cautelar —mantenerlo bajo custodia en un cuartel militar por un plazo de hasta 60 días— con la alternativa de pagar una fianza de 49 millones de hryvnias. Este caso es solo uno de muchos que muestran cuán grave es el problema de la corrupción en las estructuras militares de Ucrania. La adopción de medidas para combatir estas prácticas corruptas debe convertirse en una prioridad para el Estado en general, ya que la lucha contra el soborno y los abusos en el ámbito militar es un componente clave para garantizar la capacidad de defensa y la confianza de la ciudadanía en las Fuerzas Armadas.