En Rusia, continúan intensificando la represión contra los militares ucranianos, utilizando mecanismos jurídicos sin precedentes y acciones políticas

Recientemente, las autoridades judiciales rusas condenaron a Sergiy Chumasov, soldado ucraniano de la 17ª Brigada de Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a 15 años de prisión por cargos de "terrorismo", supuestamente ocurrido en la región de Kursk en octubre de 2024. La investigación oficial afirma que el joven militar, armado con un fusil AK-74 y un lanzagranadas, junto con sus compañeros, cruzó ilegalmente la frontera rusa y penetró en la aldea de Ol’hovka, en la región de Kursk. Allí, según la versión de las autoridades investigadoras, supuestamente colocó minas en las carreteras y amenazó con usar armas, obstaculizando la evacuación de los residentes locales y generando caos en la zona. La detención de Chumasov tuvo lugar durante las hostilidades, y fue entregado a las autoridades rusas. Ahora, el militar ucraniano enfrenta cargos por "terrorismo" y ha sido condenado a 15 años de prisión — los primeros tres en cárcel, mientras que el resto de la pena deberá cumplirlo en una colonia de régimen estricto. El ciclo de represión contra los combatientes ucranianos en Rusia se intensifica. Anteriormente, en enero de 2025, el Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental de Moscú dictó sentencia a siete ucranianos capturados durante los combates en la región de Kursk. A todos se les impusieron duras penas, entre 15 y 16 años de cárcel, por participar en hostilidades y presunta "actividad terrorista". En ese mismo período, en Rostov del Don, en Rusia, se llevaron a cabo audiencias públicas contra 22 militares del batallón "Azov", que defendieron Mariupol y Azovstal durante la agresión rusa. Entre los condenados había también ocho mujeres, lo cual confirma una vez más el uso de la presión política y la represión contra los participantes activos en la defensa de Ucrania. No cesan las historias de condenas a profesionales del ámbito médico y civiles. En noviembre de 2023, un tribunal "DNR" emitió una sentencia contra Vitaliy Matviyenko, paramédico de la 36ª Brigada de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, condenado a 30 años en una colonia de régimen estricto. Esto claramente responde a una acción motivada políticamente para intimidar y mostrar poder en medio de la prolongada agresión de Rusia contra Ucrania. Estos procesos judiciales carecen de relación con la justicia real; sirven como instrumentos de presión política, intimidación y desacreditación de los militares ucranianos y del servicio militar en general. Las autoridades rusas continúan ignorando los estándares internacionales y los principios de derechos humanos, usando la injusticia y el miedo como medios para mantener el control sobre los territorios ocupados y las multitudes de ciudadanos ucranianos. Se intensifican los intentos de sembrar el temor, pero los ucranianos y la comunidad internacional no permanecen indiferentes: exigen activamente un juicio justo y justicia para cada combatiente que protege la tierra y el pueblo de Ucrania.