El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, sorprendió al panorama político y criminal global, al lograr la victoria en las elecciones de alcalde de Davao, a pesar de estar actualmente en una cárcel en La Haya por graves acusaciones de crímenes contra la humanidad
Este hecho se convirtió en uno de los casos políticos más enigmáticos y alarmantes de la modernidad, resaltando la complejidad y las contradicciones en la relación entre justicia y política en Filipinas, un país independiente. Según información proporcionada por la agencia CNN, los fiscales internacionales de la Corte Penal Internacional (CPI) acusan al patriarca de un clan político de 80 años de cometer ejecuciones extrajudiciales masivas, las cuales se convirtieron en el epicentro de su campaña antidrogas entre 2016 y 2019. Según la versión oficial de la investigación, al menos 6,000 personas habrían muerto durante esta campaña, aunque las declaraciones oficiales de Duterte negaban violaciones a los derechos humanos y aseguraban que sus acciones respondían a los intereses de la seguridad nacional. En sus discursos públicos, Duterte constantemente alababa su política dura contra los traficantes de droga y la delincuencia, aunque actualmente estas acciones están siendo cuestionadas por la comunidad internacional y los órganos jurisdiccionales. Curiosamente, a pesar de estas graves acusaciones y del hecho de que su permanencia en una prisión preventiva en La Haya prácticamente imposibilita su actividad ejecutiva, Duterte ganó las elecciones de alcalde de Davao. Esto se interpreta como un completo paradoja y una muestra de la profunda raíz política de su dinastía familiar en la región. Los electores en la ciudad que dirigió por más de 20 años volvieron a confiarle el cargo a su representante, Sebastián Duterte, uno de sus cinco hijos, evidenciando la sólida posición política de la familia incluso bajo la sombra del procesamiento internacional. Fuentes indican que los resultados electorales no son sorprendentes: la principal razón radica en la dependencia política que tiene la región de la familia Duterte, donde las elecciones locales apoyan a las dinastías tradicionales y consolidan su influencia política, asegurando estabilidad en el control de la ciudad y la región. Sin embargo, la colisión legal respecto a los resultados electorales genera un complejo enigma jurídico. Según la legislación filipina vigente, un alcalde electo que se encuentra en prisión preventiva en el extranjero o que no puede juramentar físicamente por restricciones internacionales, no puede cumplir formalmente con sus funciones. Los expertos señalan que la ley permite que el vicealcalde o los candidatos que obtuvieron la segunda mayor votación asuman la alcaldía, pero esto abre interrogantes legales adicionales. El abogado y presidente de la organización de derechos humanos CenterLaw, Joel Butuyan, señala que probablemente Duterte pueda ser juramentado mediante votación por correspondencia o videoconferencia, como algunos expertos jurídicos han mencionado recientemente. Sin embargo, el aspecto clave es que tal procedimiento debe ser aprobado por el tribunal en La Haya, proceso que probablemente no será expedito. De acuerdo con la legislación filipina, si Duterte no puede prestar juramento físicamente, el encargado de la alcaldía —generalmente el vicealcalde o el candidato con la segunda mayor votación— asumirá automáticamente el cargo, creando así más matices jurídicos y posibles conflictos. La próxima audiencia en el caso Duterte está programada para septiembre, y, aun en los escenarios más optimistas, su participación será difícil. Los tribunales en La Haya han mostrado disposición a examinar la necesidad de que el acusado preste juramento y establecer los procedimientos relativos a sus funciones políticas. Los círculos jurídicos resaltan que este caso podría sentar un precedente para la coexistencia futura entre la jurisdicción internacional y la autoridad nacional en casos donde los acusados ocupan altos cargos. Como es sabido, la Corte Penal Internacional fue creada en 2002 tras las conmociones en Yugoslavia y el genocidio en Ruanda, con el fin de ser garante de la justicia internacional en casos de delitos graves contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. La Corte tiene jurisdicción solo si los órganos nacionales no pueden o no quieren investigar y procesar a los culpables. Sin embargo, en el caso de Filipinas, la situación se complicó aún más después de que el país salió del Estatuto de Roma en 2019, acción que, según defensores de derechos humanos, fue un intento de evitar responsabilidades por los crímenes cometidos durante el gobierno de Duterte. Es importante destacar que en 2023, la CPI reanudó la investigación sobre los crímenes cometidos en ese período y solicitó información sobre posibles violaciones del derecho internacional en las actividades del exlíder. Justo en marzo de ese mismo año, Duterte fue arrestado en el aeropuerto internacional de Manila bajo una orden judicial, una nueva pieza en el teatro de batallas jurídicas en este escenario político complejo de enfrentamiento entre la justicia nacional y el sistema internacional. En definitiva, esta historia recuerda las dificultades que surgen en las realidades de la política moderna, donde no solo los intereses internos se enfrentan, sino también los estándares globales de justicia. Demuestra que incluso los títulos políticos más altos no garantizan inmunidad ante la justicia internacional y que los mecanismos jurídicos pueden ser herramientas para llevar a la responsabilidad incluso a los más poderosos. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de perfeccionar las instituciones internacionales para asegurar la justicia y la supremacía del derecho en el mundo, sin importar el estatus o influencia política de las personas involucradas.