Los Estados Unidos han ampliado su campaña diplomática y económica contra el programa nuclear y de misiles de Irán y China, imponiendo una nueva ronda de sanciones a varias empresas y personas físicas de estos países

Esta decisión se refiere, en particular, a sospechosas entregas de tecnologías y componentes que podrían ser utilizados para la construcción de misiles balísticos, una pieza clave para la seguridad regional y global. Según información publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Washington ha impuesto oficialmente restricciones a seis empresas y a la misma cantidad de personas físicas de Irán y China, que, presuntamente, estaban apoyando el programa iraní de desarrollo de misiles balísticos. La principal razón para la implementación de estas sanciones es la existencia de sospechas fundadas sobre la provisión ilegal de componentes necesarios para la fabricación de combustible para misiles, utilizado en sistemas de armas balísticas, en particular en misiles desarrollados por la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán. La fuente cita: "Los Estados Unidos permanecen firmes en sus esfuerzos por detener el apoyo al programa de misiles iraní. Continuaremos responsabilizando a todos por acciones ilegales, incluyendo la compra de componentes críticos para sistemas de misiles". Esto es una señal más del fortalecimiento de la política estadounidense de "máximo presión", destinada a frenar a Irán en la creación de misiles de largo alcance capaces de amenazar no solo a la región, sino también la seguridad de la comunidad internacional. En Washington aseguran que estas empresas y personas físicas están activamente involucradas en el suministro de materiales clave para la fabricación de combustibles para misiles balísticos utilizados en misiles desarrollados por las fuerzas armadas iraníes. Según fuentes oficiales, las sanciones se imponen dentro de una estrategia más amplia para limitar la capacidad de Irán de desarrollar armas estratégicas y evitar sanciones internacionales. Las intrigas de política exterior en torno al programa nuclear de Teherán se han agudizado tras la participación de países en negociaciones indirectas, iniciadas por Omán, con la intención de encontrar un acuerdo respecto a la semi-legalización nuclear iraní. En este proceso diplomático participan representantes de la administración Trump —el enviado Steve Vitkoff por los intereses estadounidenses— y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abdolá Abdolá. Las principales demandas de EE. UU. son renunciar a cualquier intención de crear armamento nuclear, cesar el enriquecimiento de uranio y reducir las reservas de uranio enriquecido a niveles que no excedan los establecidos en el acuerdo de 2015. Por su parte, Teherán rechaza rotundamente desmontar sus centrifugadoras cilíndricas o reducir el nivel de enriquecimiento, alegando motivos de seguridad y tecnológicos internos. Las negociaciones diplomáticas iniciadas constituyen uno de los elementos clave en la lucha por el futuro de la estabilidad y seguridad regional, ya que los programas de misiles y nucleares dependen todavía de decisiones y condiciones que se toman en el ámbito diplomático. Sin embargo, los países occidentales, en particular EE. UU., ven en estos diálogos sus aliados estratégicos y herramientas de presión para alcanzar sus objetivos en la contención de la expansión militar de Irán. Tras varios meses de rondas diplomáticas tensas y de incertidumbre respecto al desarrollo de la situación, la comunidad internacional sigue atentamente cómo Teherán y Washington, mediante esfuerzos diplomáticos y sanciones, se aproximan a la resolución del conflicto, con posibles repercusiones para la seguridad global. Al mismo tiempo, la actividad de EE. UU. para incorporar nuevos actores oficiales y privados a las listas de sanciones indica un aumento de la tensión en la región y en el mundo en general. En resumen, las nuevas sanciones americanas subrayan la importancia y valía de luchar contra violaciones transfronterizas de tecnología, que obstaculizan los esfuerzos para frenar el desarrollo del potencial misilístico iraní y que representan pasos adicionales en la estrategia de intensificación de la política de máxima presión sobre Teherán.