Дев’ятнадцять штатів США виступили проти рішення адміністрації Дональда Трампа щодо можливого припинення фінансування шкіл, що активно впроваджують програми з різноманіття, рівності та інклюзії (DEI)
Це масштабне рішення було сформульоване у вигляді офіційного позову, поданого до суду, і стало відповіддю на спроби уряду обмежити або навіть зупинити фінансування освітніх закладів, які прагнуть зробити їх більш відкритими і сприятливими для представників різних соціальних груп. La coalición de 19 estados de EE. UU., entre los que lideran California, Nueva York, Illinois, Minnesota y Massachusetts, expresó profunda preocupación por la política de la administración de Trump, señalando que sus acciones violan las normas constitucionales del país y, además, representan una amenaza para la estabilidad del sistema educativo estadounidense. Según los representantes de los demandantes, las acciones del Departamento de Educación son inconstitucionales y parecen dirigidas a presionar y discriminar a las instituciones que buscan implementar programas basados en principios de igualdad e inclusión. Según los documentos de la demanda, la administración actual planea restringir o cancelar la financiación por un monto que supera los 18,7 mil millones de dólares. En particular, California recibe aproximadamente ocho mil millones de dólares federales anualmente, y Nueva York, más de tres mil millones. Estos fondos se destinan principalmente a apoyar programas para estudiantes de familias de bajos ingresos y a brindar servicios educativos especiales para niños con necesidades particulares. Tal flujo de recursos ha permitido que cientos de escuelas implementen con éxito iniciativas inclusivas y aseguren acceso a una educación de calidad para un espectro más amplio de niños. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó abiertamente que la demanda se presenta para proteger a la comunidad de “otro ataque” por parte de la administración de Trump. “No permitiremos que nuestras escuelas ni nuestros niños sean blanco de política partidista. Nuestras instituciones educativas deben seguir siendo un espacio para todos, independientemente de su origen social o estatus,” enfatizó. Los líderes de otros estados que se unieron a la demanda expresaron una posición similar respecto a la inconstitucionalidad de los requerimientos de la administración. En particular, la demanda señala que el gobierno de EE. UU. no ha establecido criterios claros ni reglas para sancionar o prohibir ciertos programas, los cuales se basan en principios DEI. Otro aspecto importante que destacan es que calificar como “discriminatorias” a las iniciativas de diversidad e igualdad es una posición irracional e infundada, ya que estas fomentan la creación de un sistema educativo justo y equitativo. El fiscal general de California, Rob Bonta, agregó que tales declaraciones evidencian que las intenciones políticas de Trump apuntan a destruir el sistema educativo en EE. UU. y a regresar a prácticas discriminatorias del pasado. Este conflicto se ha convertido en uno de los núcleos más caldeados en el debate sobre las reformas en la política educativa en Estados Unidos. Los representantes de los estados insisten en que cada escolar tiene derecho a un acceso equitativo a la educación, y que el apoyo estatal financiado con fondos federales es clave para garantizar esa oportunidad a los grupos más vulnerables. Por ello, cualquier intento de limitar o cancelar programas similares se equipara con una violación de los derechos de los niños y un uso indebido del poder estatal. En medio de este enfrentamiento, surgen sospechas de que la nueva política de la administración podría no estar dirigida solo a cambiar la orientación educativa, sino también a consolidar políticamente, ya que las restricciones a DEI parecen reflejar una postura más rígida y conservadora respecto a la igualdad y la diversidad en EE. UU. Sin embargo, los opositores subrayan que estas iniciativas no constituyen una forma de discriminación, sino un medio para luchar contra las desigualdades existentes y ofrecer a cada niño iguales oportunidades para su desarrollo. En general, el caso judicial ya está cobrando intensidad y probablemente se convierta en una prueba crucial para el futuro de la política educativa en EE. UU. y en una señal para otros países que buscan sistemas educativos más inclusivos y justos. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, esta historia demuestra claramente cuán estrechamente política y legislación pueden quedar entrelazadas en el centro de un intenso conflicto por el destino de la educación americana y la igualdad ciudadana.