El Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuestionó la legalidad de la inclusión del exdirector de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, Artem Sytniuk, en el registro público de corruptos, confirmando graves violaciones a sus derechos a un juicio justo, a la vida privada y señalando que dichas acciones tuvieron un motivo deshonesto
El 24 de abril de este año, el TEDH dictó una decisión histórica en el caso «Sytniuk contra Ucrania», señalando que su inclusión en el registro secreto le causó un daño significativo y violó sus derechos constitucionales y libertades fundamentales garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos. En la resolución, el tribunal resaltó que los tribunales ucranianos que examinaron el caso ignoraron completamente argumentos importantes de la defensa, en particular que los gastos del exjefe del NABU durante su descanso fueron compartidos entre amigos, lo que reducía cualquier posible implicación en actos de corrupción. Según la decisión, la inclusión de Sytniuk en el registro de corruptos tuvo un impacto desproporcionadamente negativo en su vida privada y reputación, ya que tal exposición pública continuará en el futuro, socavando la confianza en su reputación profesional y dignidad personal. Es notable que la legislación ucraniana actualmente no permite eliminar el nombre de un funcionario del registro incluso después de que expire el período de responsabilidad, lo cual contraviene las disposiciones del Código de Ucrania sobre infracciones administrativas, en particular el artículo sobre la extinción de la responsabilidad administrativa tras un año. Respecto al daño material e inmaterial sufrido por Sytniuk, el tribunal reconoció que al aceptar la existencia de violaciones de derechos consuetudinarios, él recibió una especie de compensación, por lo que no se otorgaron indemnizaciones adicionales. Esta decisión envía una señal importante a los funcionarios ucranianos y a las fuerzas de seguridad acerca de la inadmisibilidad de abusar de las leyes con fines políticos o personales. La historia de este caso comenzó en 2019, cuando Artem Sytniuk perdió un proceso en el tribunal de apelaciones de Rivne, tras haber sido condenado en el tribunal de distrito de Sarny por una infracción administrativa durante un descanso en la región de Rivne. La Seguridad del Estado y la Fiscalía General en ese momento presentaron actas por supuestamente violar restricciones sobre la recepción de regalos, ya que durante su descanso, pagado por otras personas y sin declarar el monto en su declaración patrimonial, habría infringido límites respecto a recibir obsequios, lo que supuestamente causó un daño al Estado por 25 mil hryvnias. Sytniuk rechazó estas acusaciones, calificando los procedimientos administrativos de infundados y expresando dudas sobre la neutralidad de los jueces en el caso. Luego, en diciembre de ese mismo año, su nombre apareció en lo que se denomina el «registro de corruptos» por un presunto incumplimiento del procedimiento para recibir regalos, en relación con el artículo 172-5, parte 1, del Código de Infracciones Administrativas de Ucrania. Esto constituyó una de las bases para la acusación formal y, posteriormente, para su inclusión en listas públicas y para la difamación a nivel de instituciones estatales. La decisión actual del TEDH no solo constituye un fallo jurídico sobre la ilegalidad de las acciones de los tribunales y órganos estatales ucranianos en este caso, sino también una fuerte señal a la comunidad internacional, que valora el Estado de Derecho y la inadmisibilidad de persecuciones por motivos políticos. A partir de ahora, cualquier intervención injustificada en la vida privada de los funcionarios, especialmente en el marco de la lucha contra la corrupción, es susceptible de ser criticada y condenada socialmente, y la resolución del tribunal europeo tiene peso y potencialmente puede poner fin a los debates políticos y jurídicos en torno a este caso tan resonante.