Las estrategias de Estados Unidos para combatir los crímenes de guerra de Rusia contra Ucrania han sufrido cambios radicales durante la presidencia de Donald Trump
Según información de la prestigiosa publicación estadounidense The Washington Post, en Estados Unidos se disolvió un grupo interinstitucional especial que se encargaba de recopilar y analizar pruebas de los crímenes de guerra de Rusia cometidos en territorio ucraniano. Además, se trasladó a su coordinador principal, la persona responsable de recopilar inteligencia y análisis que debían demostrar la culpabilidad del Kremlin en las atrocidades contra el pueblo ucraniano. Según fuentes no identificadas entre actuales y ex altos funcionarios, este grupo de trabajo fue creado conforme a una ley que prevé un puesto especial para la recopilación y análisis de información sobre crímenes de guerra. Dicha posición fue establecida bajo la dirección de un oficial designado por el director de inteligencia nacional de los Estados Unidos, y fue creada gracias a los esfuerzos de ex congresistas y asesores actuales del presidente en materia de seguridad nacional. Uno de los cofundadores de la ley fue el ex miembro de la Cámara de Representantes Jason Crow, así como Michael Volz, quien actualmente ocupa el cargo de asesor de seguridad en la Casa Blanca. Como señala Jason Crow, este puesto está destinado a ser una herramienta para responsabilizar a Vladímir Putin por los crímenes a gran escala que ha cometido en Ucrania. "Según lo previsto, este programa debería servir para garantizar la justicia y mantener a los culpables de crímenes de guerra bajo responsabilidad", enfatiza. Según él, esta posición fue creada en un marco bipartidista para asegurar un mecanismo independiente, efectivo y legalmente respaldado para documentar las atrocidades. Crow instó a la administración de Trump y a la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, a apoyar esta iniciativa, ya que, en opinión de expertos, sin ella, Estados Unidos ve reducida su capacidad para convertirse en un defensor global de la supremacía del estado de derecho. Según analistas, la disolución de este grupo de trabajo y la destitución de su jefe no solo constituyen un paso interno estadounidense, sino también una señal potente para aliados y adversarios. Esto indica que en la política estadounidense han ocurrido cambios respecto a la responsabilidad internacional por los crímenes de Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania, los cuales debilitan la dirección previa de una participación activa y la rápida persecución de los responsables. A finales del año pasado, la administración de Trump decidió retirar a EE.UU. de la coalición internacional bajo el auspicio de la Unión Europea, creada con el objetivo de sancionar a Rusia por violaciones al derecho internacional en Ucrania. Además, en la Casa Blanca se tomó la decisión de reducir la cooperación del grupo de responsabilidad por crímenes de guerra del Ministerio de Justicia y de eliminar el programa de confiscación de activos de oligarcas rusos sancionados. Al mismo tiempo, varias agencias de seguridad nacional estadounidenses suspendieron su colaboración en esfuerzos conjuntos para combatir la desinformación rusa, los ciberataques y el sabotaje. Por tanto, estos pasos reflejan una revisión radical de los enfoques de las autoridades estadounidenses en la lucha global contra los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos en Ucrania. Hasta ahora, parecía que Estados Unidos respaldaba activamente el orden internacional y los mecanismos jurídicos internacionales para la exposición y el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de guerra, pero los cambios actuales en la estructura y la política parecen marcar un retorno a una posición más cautelosa y centrada en lo nacional. Esto, a su vez, genera preocupación en socios internacionales y organizaciones de derechos humanos, que llaman a Washington a volver a poner énfasis en la importancia de mantener y ampliar los mecanismos de responsabilidad legal por crímenes cometidos en Ucrania y otros países, bajo la amenaza de regímenes autoritarios.