Harvard ha presentado una demanda ante un tribunal contra la administración de Donald Trump, anunciando su lucha por sus derechos y autonomía financiera
Es otro ejemplo de tensión entre una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y el gobierno estadounidense en un contexto en el que la situación política y económica del país sigue siendo tensa e impredecible. El lunes 21 de abril, la Universidad de Harvard presentó oficialmente una demanda ante un tribunal federal en la que acusa a la Casa Blanca de recortes injustos y, según sus palabras, ilegales, en la financiación pública para investigaciones científicas y programas educativos. Según fuentes, en particular el periódico The Harvard Crimson, la causa de esto radica en que la administración de Trump supuestamente busca "dañar a la universidad por defender sus derechos constitucionales", lo que ha llevado a la universidad a verse obligada a luchar a través de los tribunales. Según la demanda, el gobierno en realidad inició una campaña inconstitucional de congelamiento y limitación del apoyo financiero que podría alcanzar otro mil millones de dólares, además de los ya existentes 2.200 millones. El objetivo de estas medidas es forzar a Harvard a cambiar su estructura de gestión, sus políticas de contratación de profesores y estudiantes, así como revisar sus enfoques en programas académicos e investigaciones. Los abogados de Harvard en su declaración destacaron que las condiciones propuestas por el gobierno representan "una flagrante contradicción con los principios de la libertad de autogobierno académico". Subrayaron que la opción ofrecida es o permitir que el Estado controle la institución o poner en peligro su capacidad para lograr avances científicos e innovaciones. "El compromiso propuesto por el gobierno —se lee en el comunicado— es o una sumisión al micromanejo o el riesgo de convertir a las universidades en herramientas políticas, lo cual viola la Constitución y los principios básicos de libertad académica", afirma. En particular, la demanda se centra en acusar a la administración de Trump de congelar ilegalmente miles de millones de dólares en fondos federales destinados a financiar investigaciones en Harvard y sus filiales. La universidad sostiene que estas acciones pretenden presionar a la institución para que realice cambios en su estructura interna y en sus políticas, en manifiesto desacuerdo con la ley y la Constitución del país. Recordemos que el 10 de marzo la universidad suspendió temporalmente la contratación de nuevos profesores y personal administrativo, debido a "incertidumbres financieras". La declaración oficial se dio en medio de un deterioro en la situación económica, que, según la dirección, fue resultado de una revisión más estricta por parte de la administración del presidente Donald Trump y un aumento de la presión gubernamental para ejercer control y represión sobre la universidad. Asimismo, a finales de marzo los medios informaron que la administración de Trump había iniciado pasos activos para reducir o detener por completo la financiación federal a Harvard. Se hablaba, en concreto, de una posible congelación de fondos que podrían sumar hasta 9 mil millones de dólares en caso de aplicar las medidas más duras en la lucha contra lo que se alegaba eran manifestaciones de antisemitismo en la institución. El 15 de abril se conoció oficialmente que la universidad se negaba a cumplir con los nuevos requisitos de la administración, incluyendo un mayor control estatal sobre sus decisiones internas y sus procesos de gestión. La institución afirmó que considera esas exigencias ilegales e inconstitucionales, y que por tanto, es poco probable que acaten dichas órdenes. La prensa local informó que la administración de Trump revisa su decisión sobre la financiación cercana a los 9 mil millones de dólares, intensificando sus esfuerzos para un mayor control sobre la universidad y sus filiales. Este conflicto ya ha suscitado una importante repercusión en la opinión pública y en los círculos académicos. Para Harvard, este proceso judicial no es solo un intento de proteger sus intereses financieros, sino también una lucha por mantener sus estándares académicos y su independencia frente a la interferencia política. Para la administración de Trump, es una oportunidad más para aumentar el control sobre las instituciones de educación superior y defender su visión de reformas en los ámbitos de la educación y la ciencia. El proceso en los tribunales aún continúa, y sus resultados podrían afectar no solo el destino de una de las universidades más prestigiosas de EE. UU., sino también el futuro del sistema de financiación para investigaciones científicas y la independencia del sector académico en el país.